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El proceso fue iniciado contra la salud pública. la esperanza de los familiares es que sea reabierto por la fiscalía

La impunidad rodeó el caso de 21 contagiados de VIH/sida en una clínica contrada por el IESS

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“Mami, a mí me hacen la hemodiálisis con el mismo filtro”, le contaba intrigado el niño Carlos Mora Peñafiel a su madre. Ella le respondió que eso no era posible, porque llevaba un filtro nuevo para cada sesión. Pero Carlitos ratificó lo dicho, “el filtro que nosotros llevamos lo guardan y me ponen el anterior usado”. Y tenía razón pero sin sospechar ni él ni su progenitora que esa mala práctica causaría la muerte a 21 personas.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) estableció un acuerdo con varias clínicas de Guayaquil para que traten a los pacientes que padecían insuficiencia renal, que es un trastorno que se da por la pérdida rápida de la capacidad de los riñones para eliminar los residuos y ayudar con el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo.

Establecido el convenio fueron 21 pacientes, todos afiliados al IESS, los que se asignaron al centro de hemodiálisis de los doctores Garcés Barriga y Garcés Lituma, que se encontraba en el subsuelo de la clínica Kennedy. Una de las fallas primarias fue que el hospital del Seguro ‘Teodoro Maldonado Carbo’ no realizó ningún tipo de pruebas en estos pacientes especialmente en lo concerniente a pruebas para detectar casos de VIH.

Contagio de sida

El 30 de noviembre de 1995 se registró el fallecimiento de Antonio Torres, el primero de los 21 pacientes que recibían tratamiento de hemodiálisis en ese centro. Posteriormente dejaron de existir los otros 20 en diferentes épocas.

La tarde del 5 de junio de 1996 fue funesta para Haroldo Saltos Delgado. Ese día le notificaron que estaba infectado con el virus VIH-sida. El jefe de Psiquiatría del hospital del IESS, Rodolfo Rodríguez Castelo, le pidió que no haga “pública esta situación porque la sociedad lo va a marginar..., esta es una enfermedad de homosexuales, por lo que podría sufrir discrimen o marginación”.

Así fueron desfilando por el departamento de Psiquiatría todos los pacientes. Pero uno no se dejó convencer, Luis Valdivieso Morán. Él decidió dar la cara buscando justicia y fue el primero en denunciar el caso a las autoridades judiciales y esto fue el camino que también adoptaron los demás perjudicados. Falleció el 9 de septiembre de 1996.

Carlitos y su lucha por sobrevivir

Carlitos, de 8 años, quien era llevado dos veces por semana a los tratamientos de hemodiálisis por su mamá Liduvina Peñafiel, había sido derivado desde el hospital de niños ‘Francisco de Ycaza Bustamante’ y solo se le garantizaba la atención, por ello debía presentarse con los filtros en el centro Nefrón.

El 5 de abril de 1995 le detectaron insuficiencia renal y en octubre de ese año empezó la hemodiálisis en la clínica Garcés. A fines del año siguiente estaba contagiado de VIH. A los 10 años su cuadro médico era delicado, tenía sida, insuficiencia renal, hiperparatiroidismo que le ocasionó malformación en sus huesos, un tumor en el rostro y hepatitis C. Las sesiones de diálisis habían aumentado y no salía de su silla de ruedas.

Pese a sus dolencias, creó su página web y publicó ‘21-historias de un sobreviviente’ en 2006. Además tuvo la fortaleza de acudir al sepelio de los otros 20 contagiados, ya que fue quien más vivió. Él falleció el 10 de julio de 2011.

Acusaciones y testimonios

Las acusaciones iban dirigidas contra los doctores Galo Garcés Barriga y Galo Fernando Garcés Lituma, su hijo. El 23 de agosto de 1996, el primero de los galenos rindió su testimonio y explicó que todos fueron tratados en el centro Nefrón con “una simple hoja de atención” y rechazó la posibilidad de que hubiera existido negligencia.

Maritza Chóez Ponce, quien laboró en la clínica Garcés, confirmó en su declaración que algunos filtros eran reutilizados, pero para uso del mismo paciente. A pesar de que los intervenidos tenían jeringuillas individuales, la heparina, -que es un líquido suministrado para que la sangre no se coagule-, sí era utilizada en forma común, un frasco para todos los pacientes.

Laura Villaprado, esposa del paciente Haroldo Saltos, recuerda que “con la misma aguja inyectaban a todos los pacientes y los filtros los reutilizaban”. El testimonio clave fue de Francisca Noboa Almeida, quien señaló que Garcés le pedía que reutilizara hasta por 10 veces los filtros. En su testimonio también reconoció un intento de soborno por el dueño de la clínica. “Él me presionaba para que declarara a su favor. Me negué y ofreció pagarme 10 millones de sucres si yo me hacía responsable, cosa que no acepté”.

Noboa como la enfermera Chóez estuvieron recluidas en la cárcel de mujeres de la Penitenciaría del Litoral. Después ambas fueron sobreseídas junto con otros médicos de la clínica que estuvieron vinculados al proceso. El fiscal Juan Ramos acusó a 6 médicos.

Se inicia juicio y prescribe la causa

La causa por contagio se inició en octubre de 1996, tras la denuncia que presentó la acusadora Villaprado de Saltos ante la jueza 15º de lo Penal, Silvia Orejuela Delgado. El juez 10º de lo Penal, Édgar Salazar, dictó autocabeza de proceso contra Galo Garcés Barriga, quien fue detenido el 19 de marzo de 1997, así como Galo Garcés Lituma y otros implicados.

El 14 de diciembre de 1998 declaran abierto el plenario. El 28 de enero de 1999, Garcés quedó en libertad. El 13 de agosto del 2001 prescribió el juicio por delito contra la salud y en abril de 2002 el proceso penal Nº 083-2000 seguido por el delito de salud pública fue declarado prescrito por el Juzgado 10° de lo Penal de Guayas.

El caso no llegó a sentencia condenatoria para ninguno de los procesados. A Garcés se le prohibió la salida del país, no obstante se fue a Estados Unidos. El abogado que llevó nuevamente el caso a la justicia fue Rafael Estévez, quien solicitó a la Comisión de la Verdad que se reabra el caso, ya que es considerado de lesa humanidad, pero no hubo respuesta.

Impunidad de los Garcés

El presidente Rafael Correa se solidarizó con los familiares de Carlitos Mora y les ofreció su apoyo. Por el diario Miami Herald de EE.UU. se supo que los Garcés ejercen su profesión en el Jackson Memorial Hospital, y se planteó la demanda internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los familiares de los 21 fallecidos tienen la esperanza de que la Fiscalía reabra el caso. (I)

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