La Fiscalía buscará la manera de conseguir las extradiciones del beneficiario del préstamo irregular de $ 800 mil otorgado por Cofiec, el argentino Gastón D., y de Pedro D., expresidente de la Ugedep, que administraba Banco Cofiec y reside actualmente en Miami.

Ellos recibieron órdenes de prisión preventiva, una vez que el juez de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Paúl Íñiguez, ordenó el inicio de la instrucción fiscal por 90 días.

La misma medida fue emitida contra el expresidente del directorio de Cofiec, Antonio B. y Francisco E., secretario técnico del fideicomiso AGD-CFN.

El juez también dictó medidas alternativas para Pedro Z., exgerente de Seguros Rocafuerte y otros 12 funcionarios del banco implicados que fueron sancionados con medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación semanal en la Corte.

El fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, indicó que agilizará la emisión de la ficha roja en la Interpol para que se proceda a la detención de los sancionados con prisión preventiva. Además, adelantará gestiones en Argentina para asegurar la presencia de Gastón D., por lo que estudiará la posibilidad de que este país conceda la extradición o en su defecto lograr que asista allá a la etapa de juicio y, si es culpable, que sea sancionado de acuerdo con la ley de ambas naciones.

Chiriboga aseguró que el préstamo se concedió sin que se cumplieran los requisitos para el otorgamiento y que el dinero fue adjudicado a las cuentas de Gastón D., en agencias bancarias de Estados Unidos, luego de que firmara un simple pagaré.

El fiscal evidenció que esta gestión la realizó el extranjero por medio de Pedro D., quien lo recomendó. Luego su cuñado Francisco E. se encargaría de presionar para que el crédito fuera concedido.

El 7 de diciembre de 2011 el directorio se reunió y aceptó el trámite del préstamo solo con la presentación de la solicitud, sin que se haya corroborado la información ni verificado la existencia de garantías para el desembolso, y fue aprobado.

Pero al demorarse la entrega del dinero, Francisco E. habría amenazado con destituir a los funcionarios que no permitían la entrega del capital.

Por este motivo, el fiscal señaló que al día siguiente, el 19 de diciembre del 2011, el dinero fue depositado en las cuentas personales del argentino.

Chiriboga halló entre otras irregularidades que el préstamo pasó por varios filtros antes de su aprobación y explicó que Zoila M., oficial de crédito de Cofiec, siguió con el trámite pese a que la solicitud no cumplía las normas señaladas en el manual de la entidad.

El 7 de diciembre, el trámite pasó a Patricia S., oficial de crédito, quien, según la Fiscalía, tampoco verificó los incumplimientos de la solicitud y recomendó llevar al comité de crédito para su aprobación.

El fiscal señaló que durante la indagación previa se sorprendieron cuando hallaron la evidencia de que además a Gastón D., le habían concedido una línea de crédito por $ 800.000, “le dieron esa línea a una persona que no había comprado ni chicles en esta ciudad”.

La garantía que se ofreció para tramitar el préstamo originalmente era un ‘cash collateral’, es decir que al momento de vencerse la obligación se hace efectivo inmediatamente si el deudor no paga, y fue presentada por Seguros Rocafuerte, que pertenece al mismo fideicomiso AGD. “¿Cómo se otorgó un préstamo a un extranjero que da como garantía una empresa del Estado?”, se preguntó Chiriboga.

El 9 de diciembre Antonio B. pidió la aprobación del crédito, a través de un correo electrónico, que fue otorgado el 19 de diciembre de 2011 en sesión del directorio por Germánico M., Roberto S. y Omar U., quienes ratificaron la aprobación.

En esa fecha Francisco E. habría acudido al banco personalmente para saber qué pasó con el dinero y al día siguiente los fondos fueron depositados en las cuentas de Gastón D., quien hasta la fecha no lo ha devuelto.