Hasta el año pasado la mayoría de los defensores públicos actuaban con nombramientos provisionales y contratos de acuerdo a las necesidades de la entidad; por este motivo el Consejo de la Judicatura cumplió un proceso para evaluarlos.

El defensor público Ernesto Pazmiño dijo que luego del concurso se eligieron 733 aspirantes que pasaron las pruebas, quienes accedieron a los nombramientos definitivos. “De esta manera ingresan a la carrera judicial oficialmente y tendremos estabilidad laboral, lo cual es importante para el desempeño y para seguir con los procesos de capacitación”.

Señaló que fueron cubiertas todas las partidas disponibles que están dentro del presupuesto de aproximadamente $ 38 millones que reciben anualmente: “Con este personal podremos atender sin problema a la ciudadanía, por lo menos los siguientes 2 años”. Los defensores públicos actúan en el ámbito penal obligatoriamente ya que toda persona tiene derecho a un abogado, y si no tiene los recursos, el Estado le asigna un defensor público.

El juez es quien asigna un abogado de oficio a la persona que se presenta a la audiencia sin un defensor, ya sea por falta de recursos o de conocimiento; ese servicio no tiene costo, con lo que se garantiza la legítima defensa.

Los defensores también actúan en materias denominadas sociales, que tienen que ver con temas laborales, alimentos, excepto contencioso administrativo y tributario. “Antes de tomar esos casos verificamos que las personas que soliciten el servicio gratuito no ganen más de 2 salarios básicos unificados, “ya que la institución ayuda a personas que no tienen capacidad de pago”, aclara Pazmiño. También gestionan casos de disputas por terrenos siempre y cuando el terreno no supere los 200 metros de extensión en el área urbana y las 2 hectáreas en zonas rurales.

Pazmiño comentó que la entidad planea proponer a la Judicatura una reforma para que los jueces obliguen al pago de las costas a la persona que litigó de mala fe en las materias civiles y obligó a generar un juicio sin razón. “Tiene que pagar algún honorario por esa litigación desleal, eso pasa en otros países y sería una forma de recolectar recursos propios”.

Sin embargo, esta idea implicaría una enmienda constitucional ya que el acceso a un defensor público es un derecho consagrado, por eso la propuesta será comunicada a la Judicatura para el análisis. También mencionó que están de acuerdo en que los abogados particulares puedan asumir casos de la defensoría y que los honorarios sean cancelados por la Judicatura. “Podrían asumir todos los casos de tránsito; yo he recomendado que sea el juez quien determine un honorario para el defensor social”.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, aclaró que están conversando con los colegios de abogados para implementar los defensores sociales, en ciertos casos en el área civil y tránsito, y que está en discusión la emisión de una tabla para cancelar a los abogados que asuman esas defensas. Sobre el nombramiento de los defensores públicos, Jalkh reiteró que fueron escogidos en base a sus méritos académicos y profesionales, y que ahora ya son parte de la carrera judicial.

Mauricio Sotalin Nivela, quien obtuvo el mejor puntaje en la evaluación, comentó durante la ceremonia de entrega de nombramientos, ayer en la Asamblea, que trabajaba como funcionario judicial hace varios años y decidió participar en el concurso. “En mi caso siempre estuve interesado en ser defensor público, es una vocación”. Ecuador alcanzó el estándar internacional de 5 defensores por cada 100 mil habitantes (I)