En la segunda quincena de enero de este año, 140 presos murieron violentamente en la cárcel de Alcacuz, en Río Grande del Norte, en Brasil. Cuerpos calcinados, sangre derramada por los pasillos malolientes y pisos desgastados por el paso de los años, fue el panorama que se reflejó en este penal, diseñado para albergar a 620 reos, pero que en realidad registra 1.150 privados de la libertad, lo que equivale a un hacinamiento.

Hasta el año pasado, los pandilleros mantenían el control de los 6 penales de El Salvador, donde, en enero de 2016, se registraron 740 asesinatos.

Precisamente, las condiciones y el nivel de criminalidad de estas y otras cárceles de Latinoamérica y el Caribe fueron investigados y analizados por InSight Crime (Centro de Investigación del Crimen Organizado).

El centro consideró en su informe que pasan por una grave crisis, porque la población penitenciaria aumentó vertiginosamente y la construcción de nuevas instalaciones no creció al mismo ritmo.

En sus conclusiones señala que el hacinamiento creó muchos problemas que se pudieron resolver encarcelando a los sospechosos de manera masiva. Los prisioneros —muchos de los cuales no han sido acusados formalmente de algún crimen— viven en condiciones deplorables e inhumanas que los hacen vulnerables a la coerción y el reclutamiento por las bandas criminales sofisticadas.

Los guardias de las prisiones, así como los policías y los miembros del Ejército, suelen abusar de su poder con respecto a los presos y algunos se han involucrado en redes de corrupción, lo que posibilita la generación de más criminalidad.

En el reporte se señala que las cárceles se han convertido en escuelas de perfeccionamiento de los delincuentes con experiencia, y lugares donde los grupos criminales se organizan, entrenan a sus miembros, reclutan y planifican más delitos.

Muchos de los que ingresan como delincuentes relativamente menores y poco violentos, salen de la prisión como experimentados criminales que después suelen reincidir.

En las cárceles han surgido numerosos tipos de pandillas, como las internas, ideológicas, narcotraficantes, mareras (exterminan a rivales) y militares.

Criminalidad y condiciones

La investigación se enfocó en las condiciones y la criminalidad de las prisiones de Venezuela, Colombia, y del Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras y Guatemala.

En la década del noventa, las tasas de criminalidad y homicidios crecieron en Latinoamérica y el Caribe, y los gobiernos adoptaron políticas más duras con respecto a la prisión preventiva, sentencias, la actividad de las pandillas, el tráfico de drogas al por menor y el consumo de estupefacientes.

Así la población carcelaria de la región aumentó vertiginosamente. Por ejemplo, en Brasil hay  500 mil personas, la cuarta más grande del mundo, según el Centro Internacional para Estudios Penitenciarios.

Venezuela tiene 51 mil presos y sus centros de reclusión funcionan a una capacidad de 315%.

En Guatemala las cárceles laboran al 251%, solo el penal Pavón tiene 2.850 prisioneros, cuando su capacidad es de 960; además hay pugnas entre las mafias internas por el control del tráfico de drogas.

El Salvador registra 33 mil presos, lo que la ubica en la decimosegunda tasa de encarcelamiento más alta per cápita en el mundo. México contabiliza 239 mil privados de libertad.

Pese a esta realidad, los gobiernos no están construyendo prisiones, señala el informe.

Honduras y San Salvador

Tras una visita a las cárceles de Honduras, Rodrigo Escobar, relator de Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que esas prisiones son “totalmente contrarias a la dignidad humana”.

La visita de Escobar surgió a raíz de un incendio en febrero de 2012, en el que 362 reclusos murieron en la prisión de Comayagua. En una de las celdas afectadas por el fuego, los investigadores indicaron que había 90 presos en un espacio diseñado para 20.

Los investigadores de Crimen Organizado evidenciaron en 2012, en una prisión de San Salvador, que 1.200 reclusos estaban hacinados en un espacio construido para 300; los reos se turnaban para dormir en una pequeña área, en la que había hamacas tendidas sobre un baño. Los informes sobre torturas de los militares llevaron al Gobierno a sacarlos de las prisiones.

Brasil, México y Colombia

En una prisión brasileña los reclusos eran amontonados por docenas durante días en espacios minúsculos, donde estaban en contacto con sus propias heces y vómito.
En México, los guardias de las prisiones participaron en matanzas al interior de las cárceles y en fugas masivas. Además, el 42% de la población carcelaria se encuentra bajo prisión preventiva.

En Colombia, entre 2003 y 2014, la capacidad del sistema penitenciario aumentó al 70%. Sin embargo, el hacinamiento pasó del 130% de su capacidad al 153%. Esto se debe a las leyes de seguridad de mano dura que crean nuevos delitos y alargan las penas para otros.

La vigencia de la ley 1453 de 2011 aumentó en 10 meses el número de presos en un 15%.

Los investigadores lanzaron una mirada al sistema judicial de estos países y los calificaron como débiles e ineficaces.

El informe de Crimen Organizado recomienda dar prioridad a la reforma penitenciaria y enfocarse en las condiciones de la reclusión. Además, recomienda implementar programas de rehabilitación, desagregar las prisiones que están divididas en línea de organización criminal, legislaciones que ofrezcan sentencias alternativas y estudiar las pandillas como grupos criminales. (I)

El sistema penitenciario del país es referente en la región

Hasta el año pasado, Ecuador tenía una tasa de población penitenciaria de 147 personas privadas de la libertad (PPL) por cada 100 mil habitantes. Esto lo ubica por debajo del promedio regional, que es de 259. Este logro se debe a un proceso que se inició con la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, del cual nació el nuevo modelo de gestión penitenciaria, ejecutado por el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la construcción de 3 regionales y la readecuación de prisiones existentes.

La gestión se apoyó en la construcción de 3 centros de rehabilitación social regionales: Guayas, Cotopaxi y Azuay, y el centro de varones Nº 1 de Guayaquil (remodelada Penitenciaría del Litoral). En estas infraestructuras, el Gobierno Nacional invirtió $ 238’299.770,44 . Además se aplican planes de rehabilitación. (I)