Un hombre que no solo violó a una menor de 3 años de edad, sino que además le quitó la vida fue condenado a 34 años y 8 meses de privación de libertad. El hecho ocurrió en el sector Loma de Puengasí, en Quito, el 28 de septiembre de 2015, pero la sentencia fue dictada en mayo de 2016. Este ciudadano es uno de los 8 sentenciados por delitos sexuales en Ecuador el mes anterior, según las informaciones publicadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Pero en ese período también se dictó prisión preventiva a un docente acusado de violación en contra de 2 menores de edad, en una unidad educativa de Machala, El Oro. Durante la audiencia, la fiscal Nancy Pesántez expuso que el procesado habría llevado con engaños a una de las víctimas hasta los baños del establecimiento educativo, donde la habría violado.

En Ecuador, el delito de violación está tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años. Cuando la víctima es menor de 10 años, según la misma normativa, se aplica el máximo de la pena.

Pero otros países han buscado sanciones más drásticas. En Indonesia, el presidente Joko Widodo, firmó un decreto en el que aprobó el uso de la castración química como medida sancionadora para los pedófilos, quienes también serán monitoreados por las autoridades a través de un microchip en su cuerpo.

El fiscal general de Indonesia, H.M. Prasetyo, explicó que la castración química implicará la inyección de hormonas femeninas a los condenados “para que se reduzca su deseo sexual”. Asimismo, la pena mínima para el delito de pedofilia será de 10 años, mientras que los nombres de los culpables se harán públicos con la finalidad de que estén plenamente reconocidos.

Indonesia se unirá así a un pequeño grupo de países que aprueban este tipo de castigos, entre los que figuran Polonia, Rusia y Estonia, así como varios lugares de Estados Unidos. En 2011, Corea del Sur se convirtió en el primer país asiático en usar esta medida.

Pero, ¿son efectivos estos programas? Los expertos creen que la lista de efectos secundarios, a veces graves, podría disuadir a los delincuentes de continuar el tratamiento. Además, otros especialistas creen que estos medicamentos no son efectivos por sí solos.

“En la castración química se utilizan sustancias que bloquean la producción de testosterona en los testículos”, dijo a la cadena BBC, el doctor Edgardo Becher, de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual.

Francia ha llevado a cabo pruebas con este medicamento en los delincuentes sexuales que salen de la cárcel, e intenta acompañar estos tratamientos de terapias, como asesoramiento psicológico y tratamientos antidepresivos.

La principal desventaja de esta terapia es que depende de que el paciente tome el medicamento diariamente. La segunda opción es una inyección mensual, administrada en el glúteo. Algunos expertos afirman, sin embargo, que si el individuo desea superar los efectos de estos medicamentos, lo logrará. (I)

25 años y 4 meses de sanción

La amenazó con publicar fotos íntimas y la violó

Walter G. fue sentenciado a 25 años y 4 meses de privación de libertad por violar bajo amenazas a una joven de 15 años, en Archidona. La audiencia de juzgamiento se desarrolló de manera reservada el 30 de mayo, en el Tribunal de Garantías Penales de Napo.

El procesado deberá pagar una multa de $3.660 y $ 2.000 adicionales como reparación integral que servirá para el tratamiento psicológico de la víctima. Así lo dio a conocer el juez ponente Wladimir Salazar en su resolución.

María Luisa Araujo, la fiscal que estuvo a cargo de la investigación del caso, explicó que el hecho se produjo el 19 de junio de 2015, cuando el individuo de 52 años amenazó a la víctima hacer públicas unas fotos íntimas de ella. Es así que bajo intimidaciones, juntos se trasladaron hasta un hotel de la localidad, donde el agresor cometió el delito.

En la presentación de la prueba, la fiscal manifestó que Walter G. se aprovechó de la condición de doble vulnerabilidad de la víctima, pues es una adolescente. Entre las pruebas expuestas por la Fiscalía constan: testimonios de la acusadora particular (abuela de la afectada) y de peritos que realizaron los análisis físico, socioeconómico y psicológico. En este último se determinó que la víctima padecía de estrés postraumático a consecuencia de las difíciles situaciones vividas desde su infancia. Además, se presentó el testimonio anticipado de la joven, rendido en la cámara de Gesell. Así como los informes de reconocimiento del lugar de los hechos y el testimonio sin juramento del procesado. (I)