En Ecuador, la edad promedio de uso de drogas en 2012 fue de 14 años. Desde 2008 hasta 2015 es a partir de los 13 años. El estupefaciente lo consiguen con facilidad en cualquier esquina de barrio y ahora dentro del colegio.

Antes se ocultaba el estado de adición de los menores, pero las recientes muertes de adolescentes por sobredosis pusieron en la mesa de discusiones el tema, en el cual tuvo que intervenir el presidente Rafael Correa, con la propuesta de 8 centros de adicción para ayudar a los chicos a rehabilitarse.

Las políticas, pese a que la Constitución de 2008 sí las considera, no se habían definido sino hasta que su supo de los casos de varios menores que fueron contaminados con heroína o ‘h’, que a algunos los ha llevado a estar encadenados en sus casas y sufriendo la abstinencia.

Además, en el país la Ley 108 de Drogas, vigente desde 1990, condenaba a una persona de 12 a 16 años de reclusión solo por tenencia.  

Con todos estos antecedentes se presenta un proyecto de Ley de Prevención Integral de Droga, Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, que promete trabajar en esta problemática para ayudar a los jóvenes a no caer en este vicio.

La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional aprobó el primer informe sobre este proyecto de ley, y el pleno del Legislativo desde la semana pasada lo viene analizando.

Carlos Velasco, titular de la comisión, sostuvo que cuando se trata de droga, se habla de un problema con muchas dificultades, por lo que en el proyecto, la prevención es uno de los principales objetivos.

El asambleísta Francisco Fierro sostuvo  estar de acuerdo en cumplir con la Constitución de la República que reconoce la diferencia entre la persona que trafica sustancias y un consumidor.

Otro punto de la Ley de Prevención es que convertirá al Consep en una secretaría adscrita al Ejecutivo, el cual integrará un comité interinstitucional para la formulación, coordinación y articulación de las políticas públicas relacionadas con el abordaje del fenómeno de drogas.

Para Patricio Yanchapaxi, asesor jurídico del Consejo Nacional de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas que acompañó el proceso de construcción de la ley,  es positiva  la operatividad que tendría la nueva secretaría, en conexión directa con la Presidencia. (I)