Desde 2008 hasta 2013 la justicia indígena, amparada en el artículo 171 de la Constitución de Ecuador, procesó un promedio de 32 casos mensuales en la provincia del Guayas. 108 denuncias fueron judicializadas en el primer año, 289 en 2009, 303 en 2010, 323 en 2011, 522 en 2012 y 384 en 2013.

Los afectados expusieron sus querellas a quienes actúan como jueces, es decir, dirigentes de cooperativas de viviendas, asociaciones de comerciantes, iglesias evangélicas y autoridades del Movimiento Indígena Kichwa de la Costa (Mopkice), para que restablezcan el orden.

Pedro Chango, quien hasta el 1 de febrero actuó en calidad de fiscal indígena, explicó que las denuncias generalmente respondían a infracciones como deudas, robo, infidelidades y violencia intrafamiliar.

Chango informó que como todo proceso, una vez efectuada la declaración pública de las víctimas, iniciaba la indagación previa, luego se llamaba a audiencia y señalaba la sentencia.

Sobre la resolución de los litigios, detalló que se aplicaron medidas conciliatorias y que las sanciones se centraron en el trabajo comunitario, pero también hubo multas, devoluciones de objetos robados e indemnizaciones.

Pero la justicia indígena, dependiendo de la gravedad de los hechos, contempla castigos más severos, como purificación (baño con agua fría y azotes con ortiga), latigazos y expulsión de la comunidad.

Chango, por citar un ejemplo, mencionó que en casos de infidelidad reiterada se suele aplicar ese tipo de castigo, aunque es utilizado para cualquiera de las otras infracciones.

Explicó que durante su gestión no hubo necesidad de ese tipo de sanciones y que remitió tres procesos a la justicia ordinaria: uno por supuesta violación, otro por la muerte de una persona y el tercero, por el conocido caso de la cooperativa de ahorro y crédito Makita Kuk.

Chango, quien tras el término de su período regresó al departamento de Servicios Bancarios Nacionales del Banco Central del Ecuador, comunicó que por medio de las organizaciones indígenas gestiona su retorno a la Fiscalía, donde cumplió una comisión de servicios (cambio temporal de lugar de trabajo).

Actualmente, está encargado del despacho el fiscal Édgar Croffot, quien asume esa función de manera temporal, informaron en el Ministerio Público del Guayas.

Debido a la naturaleza del ejercicio de estas causas es necesario que un profesional especializado, sin importar quién sea, esté al frente de esta unidad, manifestó el abogado en libre ejercicio Hernán Ulloa Parada, pero, explicó, debe ser designado cumpliendo el debido proceso de selección.

“Los casos que debe resolver la justicia indígena no son ordinarios, pues son relacionados con sus actividades propias”, mencionó.

El doctor Julio César Cueva, jurista, agregó que es lo más idóneo, por tanto el Consejo de la Corte Constitucional profundiza en qué momento se debe aplicar la justicia indígena y su ámbito de competencia.

“Esa es la prueba vital de que un experto debe estar a cargo de esta unidad de la Fiscalía, como sucede en los casos de los médicos, que tienen especialidades”, dijo.