Lo que hasta ahora ha sido tratado como un sistema alternativo de solución de conflictos judiciales pretende ser llevado a niveles más altos y de asistencia permanente en el sistema judicial ecuatoriano.

Así lo dio a conocer el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, durante su participación como comentarista en la conferencia “Acceso a la justicia por parte de los más pobres”, en el XI Seminario Internacional de Gestión Judicial “Nuevos retos en la gestión y entrega del servicio en el marco de las nuevas reformas judiciales en América Latina”, realizado en días pasados en Lima, Perú.

Jalkh fue enfático al señalar que la mediación, como una solución alternativa de conflictos, “debería ser una política pública” y que estos espacios de acción judicial son tan importantes como los juzgados.

El titular de la Judicatura señaló que más del 60% de los conflictos que se analizan en mediación se convierten en acuerdos, pero lo más importante, recalcó, “es que el 95% se cumple sin ninguna medida de coerción ejecutiva” sino que la gente cumple adecuadamente.

Explicó que el mediador debe generar el acuerdo de tal manera que las partes construyan una solución que refleje sus intereses y necesidades. “Cuando se logre esto, se irá construyendo realmente una cultura de paz. Lo fundamental es que la gente se reconozca en el accionar de la política pública”, indicó.

En Guayaquil, además del Centro de Mediación de la Función Judicial, ubicado en las calles José de Antepara y Nueve de Octubre, también funcionan otros tres centros comunitarios, en los sectores de La Prosperina e Isla Trinitaria.

En Quito funcionan los centros de la Función Judicial y del Colegio de Abogados de Pichincha, ambos en las calles Piedrahíta y 6 de Diciembre (Palacio de Justicia), además de uno del Municipio Metropolitano, inaugurado en 2012.

Según Jalkh, la mediación debería estar en el ámbito público y privado, inclusive en cada casa debería haber un mediador.

“Aquí lo importante es lograr un equilibrio de poder para que funcione adecuadamente, ya sea mediante las ONG, cámaras de la producción, cámaras de comercio, de política pública del Estado. Es necesario un marco legal”.

Un reporte publicado el pasado 26 de abril por este Diario reveló que en 2012, solo en Guayaquil, el Centro de Mediación de la Función Judicial tramitó 954 causas, de las cuales en el 49,58% (481) se llegó a un acuerdo, es decir, se resolvieron sin necesidad de que intervinieran los jueces. En un 10% de los casos, en ese mismo año, las partes se sentaron a negociar, pero no lograron un acuerdo. Mientras otro 10% terminó por razón de abandono.

Amada André Morán, directora del Centro, dijo entonces que la mayoría de casos se da por prestación de alimentos, regulación de visitas y tenencia, incumplimiento de contrato y otros.

Temas laborales, de inquilinato y tránsito también son atendidos, y por último, están los casos de materia penal, siempre y cuando sean asuntos de acción particular y no pesquisables de oficio, como los casos de abuso de confianza, injurias o daños a la propiedad privada.