Los nuevos planes de la carrera de Derecho deben plantear varias rupturas epistemológicas. Una de ellas es la necesidad de construir la gestión curricular basada en la investigación.

La producción del conocimiento y sus aprendizajes deben sustentarse en las intervenciones y generaciones propias de los sujetos educativos. Las actividades de investigación durante la carrera son muy escasas y resulta una equivocación conceptual y metodológica plantear únicamente en su terminación la elaboración de un proyecto de investigación, cuando el gran salto está en que las y los estudiantes asuman tareas permanentes de investigación a partir del segundo semestre (hacia todo el ciclo de estudios) con miras a definir los ámbitos o áreas de su trabajo final de titulación.

Todas las asignaturas de la carrera deben contemplar envíos de trabajos y consultas con ejes transversales de estudios críticos de Derecho que impliquen: a) Pasar de la revisión de las doctrinas y conceptos centrales a la identificación y deconstrucción de la retórica, historia, proyecto disciplinario y práctica de la argumentación jurídica; b) Articular el estudio del lenguaje y contenidos temáticos de las leyes con estudios culturales e interdisciplinarios; c) Incluir diversas perspectivas (de género, de interculturalidad, de DD.HH. y otras) que superen el análisis del derecho como sistema de reglas y la incorporación de enfoques antiformalistas y funcionalistas.

Los itinerarios académicos deben contener una agrupación secuencial de asignaturas y cursos con diversas metodologías de análisis crítico del derecho como la dogmática jurídica con visiones descriptivas y sistemáticas, superando sus bases formalistas; la investigación empírica de las ciencias jurídicas; los análisis lógico-conceptuales; los análisis económicos del derecho; y los análisis ideológicos o su crítica valorativa. La organización de la información y el estudio de la carrera deben caracterizarse por la rigurosidad y la mayor objetividad como un método constante de investigación, precisamente para formar profesionales que no den respuestas verdaderas o falsas sobre una determinada interpretación o solución jurídica, sino de argumentaciones justificables y justificadas por las comunidades jurídicas universitarias, contexto que también puede entenderse como una crítica al formalismo.

El estudio del derecho, en la actualidad afronta una gran indeterminación de su lenguaje –el constitucional es un claro ejemplo de esto-, que termina por cuestionar hasta dónde llega la neutralidad u objetividad de quienes investigan y analizan el derecho. Por ello, la importancia de trascender los discursos de la dogmática jurídica y plantear la construcción de técnicas argumentativas (materiales, formales, pragmáticas) e interpretativas como una estrategia indispensable para el aprendizaje.

Las trayectorias formativas de los futuros abogados(as) deben permitir que ellos (as) escojan las más oportunas para organizar su aprendizaje complementario, para ello, los estudios críticos del derecho deben estar presentes en todas las unidades de organización curricular (básica, disciplinar, multidisciplinar y/o interdisciplinar, y de titulación) para crear fundamentación de premisas teóricas y prácticas, con criterios de corrección en cuanto a reglas procedimentales y técnicas con distintos mecanismos de interpretación jurídica (sistemáticos, evolutivos, correctores, en contrario, y otros). Sin metodologías de investigación claras y permanentes y sin la concurrencia de ejes transversales de los estudios críticos del derecho, no avanzaremos hacia una racionalidad epistemológica de sujetos que aprenden y construyen su currículo de preparación, sino sujetos que se mantienen en una causalidad lineal, mecánica, simple y finita de su aprendizaje.