Una de las páginas más tristes de la historia de nuestro país tiene relación con las invasiones en predios tanto públicos como privados. Uno de los orígenes de esta problemática, además del manoseo político de ciertos seudo dirigentes que “pagaban” con tierra ajena favores políticos, tenemos también como causa el  flujo de ecuatorianos que vinieron a Guayaquil y a otras ciudades, en busca de los beneficios que la ciudad grande les podía brindar.

Y es que estos asentamientos populares, que fueron incrementándose a lo largo de los años, a vista y paciencia de las autoridades locales, influyeron enormemente en el crecimiento desordenado de las urbes.

Pero, ¿qué guardan estas invasiones tras su nombre? Desde mi punto de vista, guardan  un cúmulo de situaciones que en ninguno de los casos benefician a los más necesitados, sino a unos cuantos que se aprovechan de la necesidad popular de contar con un espacio de tierra para edificar el techo de sus familias.

Desesperación, angustia, incertidumbre, abusos físicos y económicos, son algunos de los rostros que se viven detrás de una invasión, que en la gran mayoría de ocasiones se generaron o fomentaron, como lo hemos señalado, a cambio de favores políticos de los gobiernos o administraciones de turno.  

Hoy, tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos seccionales se encuentran desarrollando una ardua labor para erradicar esta mala práctica de vida, no solo de quienes habitan la propiedad invadida, sino de quienes se lucran y hacen de un ilícito un negocio para sus propios placeres y beneficios.

Sin embargo lo dicho, queda el saldo negativo de la pasada falta de control, de la que se desprenden cientos de miles de ciudadanos que se encuentran bajo la duda de si serán reubicados o si se les legalizará “sus” predios, pudiendo aspirar en un futuro a la prestación de servicios básicos que dignifican el desarrollo de la vida humana.

Lo actuado debe radicalizarse de manera exclusiva para quienes ya sufrieron este viacrucis; sin embargo, es imperioso detener este abuso y erradicarlo de raíz. Para ello, el Código Orgánico Integral Penal, en su numeral 11 del artículo 558, señala como medida de protección la del desalojo para impedir invasiones o asentamientos ilegales, pudiendo ser practicado por la Intendencia de Policía cuando el ilícito llegue a su conocimiento.   

Por su parte la Intendencia de Policía, en el cumplimiento de sus delicadas funciones, respaldada con la fuerza pública podrá ordenar el pertinente desalojo protegiendo derechos constitucionales como el de la propiedad privada, sin contar los del Buen Vivir que se ven vulnerados en cada invasión.

Es tiempo de evolucionar, la normativa actual y vigente nos marca un nuevo sendero de justicia, corresponde a la ciudadanía, a los profesionales del derecho y en especial a los servidores públicos competentes en cada caso, el tratamiento ágil, inmediato, sin dilaciones en beneficio de los derechos de los ciudadanos.

Hago un llamado a la ciudadanía para desarrollar nuestra convivencia de manera pacífica, ordenada, con respeto a los derechos de los demás, empleando las herramientas jurídicas con la seriedad que cada caso amerita, respetándonos nosotros mismos, no volviendo a caer en mentiras en engaños que nos perjudican, que solo benefician a los “vivos” que la fomentan sin pensar en el daño que le causan a la sociedad.   ¡Juntos somos invencibles!