Para hoy, justamente que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos,  está previsto que el Tercer Tribunal  de Garantías Penales de Pichincha inicie la audiencia de juzgamiento contra    10 jóvenes ecuatorianos que se encuentran privados de libertad desde hace 9 meses, que  fueron detenidos en el sector   Luluncoto, en Quito, acusados de planificar atentados contra la seguridad del Estado.

La diligencia se llevará a cabo  en medio de una huelga de hambre iniciada, el viernes anterior, por los procesados, como una  protesta   contra lo que consideran una violación a los derechos democráticos.

Sin embargo, la Fiscalía insiste en  que los jóvenes pertenecen al Grupo de Combatientes Populares (GCP), a quienes se les atribuyó la colocación de bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca. Entre las evidencias decomisadas por la Policía hay cuadernos,   mensajes de texto y seguimientos en redes sociales.

Gonzalo Realpe,   abogado defensor  de los “Diez de Luluncoto”, como son   denominados por  la opinión pública, manifestó que debido a que los testigos de ambas partes superan las 100 personas,  la etapa de  juzgamiento puede ser de 10 a 15 días.

En el mismo orden de cosas,  se conoció que la directora adjunta del programa regional para América de Amnistía Internacional, Guadalupe Marengo, ha enviado una carta al fiscal general del Estado,  Galo Chiriboga, para solicitar información sobre la detención y procesamiento penal de  los detenidos: Ana Cristina Campaña Sandoval, Fadua Elizabeth Tapia Jarrín, Yessenia Abigail Heras Bermeo, Cristhian Royce Gómez Romero, Pablo Andrés Castro Cangas, Luis Santiago Gallegos Valarezo, Víctor Hugo Vinueza Puente, Luis Marcelo Merchán Mosquera, Héctor Javier Estupiñán Prado y César Enrique Zambrano Farras.

Según Amnistía,  las evidencias presentadas por la Fiscalía en la audiencia preparatoria a juicio, no habrían sido  encontradas en poder de los detenidos, ni en el momento de su detención, ni en sus domicilios,  armas o explosivos; excepto un revólver antiguo que conservaba como reliquia la familia de Fadua  Tapia  y al que  la Fiscalía no habría realizado una pericia balística.

En base a esas circunstancias, el organismo considera que se   estaría vulnerando el derecho de los detenidos a un debido proceso, al  acusarlos del presunto delito de sabotaje y terrorismo sin que la Fiscalía haya recopilado y   presentado los suficientes elementos de prueba.