A pesar de las múltiples quejas de usuarios, solo a raíz de la reciente visita que el Presidente de la República realizara al hospital Teodoro Maldonado Carbo, el hospital del Seguro Social más grande en Guayaquil se incorporó en la agenda de sus directivos el solucionar los problemas en la atención y prestación de los servicios de salud a los afiliados del IESS y sus dependientes. Uno de los ‘justificativos’ esgrimidos ha sido la ‘sobrecarga’ de pacientes por la inclusión al servicio de salud al cónyuge del afiliado, así como a sus hijos aún menores de edad.

Al respecto, y con el fin de que la ciudadanía conozca la razón de esta inclusión, la Ley de Seguridad Social en su artículo 6 literal a) establece: “a. Se extenderá progresivamente la protección social a la familia del afiliado y se dará preferencia a la prevención de riesgos”.

El Seguro Social incluyó a los dependientes del afiliado como beneficiarios de la cobertura generada, sin embargo, hoy es de conocimiento público la dramática situación que viven los prestadores y prestatarios de este servicio.

Es entonces cuando aparecen algunas interrogantes tales como: ¿Estará colapsado el sistema de salud? ¿Necesitamos más centros médicos y más médicos para la atención a los afiliados? ¿La extensión de estos beneficios a los dependientes de los afiliados será la razón de la crisis en este sistema? ¿Los prestadores de estos servicios estarán cumpliendo cabalmente sus obligaciones? ¿Las administraciones de los centros de salud estarán cumpliendo eficaz y eficientemente sus obligaciones de control, organización, higiene y dotación de medicamentos?

En este contexto, si bien es cierto la inclusión de los dependientes aún menores de edad, así como de los y las cónyuges de los afiliados del IESS debe haber incrementado la demanda de atención médica, no es menos cierto que los servicios que recibimos los afiliados son, por así llamarlos, “poco amigables” con el concepto de revolución que se espera aplique la administración. Los afiliados no pueden ni deben tolerar malos tratos por parte de médicos y enfermeras. Ambientes poco higiénicos y falta de medicamentos son apenas un botón del vía crucis que significa para el ciudadano alcanzar los necesitados servicios de salud y, consecuentemente, del caos que esto genera en la administración del centro médico. Si el problema fuera la falta de medicamentos, no habría bodegas con medicamentos caducados.

Conozco a muchos profesionales de la salud que día a día honran el juramento hecho, pero también he sufrido en carne propia la desidia de otros. Estoy convencido de que el señalado conflicto surge con motivo de una inadecuada organización al interno de tales casas asistenciales; la extensión de la cobertura al cónyuge e hijos menores de edad del afiliado ha sido solo un elemento más. Se debe mejorar -además- en la calidad, calidez, agilidad y eficacia con que atendemos a los demandantes de este servicio, organizándonos casa adentro para obtener los mejores resultados en beneficio de nuestros ciudadanos.

La salud es un derecho constitucional de todos y todas los ciudadanos, el Estado lo garantiza de diversas maneras, en este escenario bajo la dependencia del Seguro Social Obligatorio y sus centros de atención médica, los que deben guardar al menos los criterios y parámetros básicos para la correcta e inmediata atención de quien así lo requiere por ser su derecho.