El Gobierno de Honduras, un país golpeado por la violencia criminal, cumplió este miércoles un año desde que inició la formación de una nueva policía. Eso decidió luego de que altos mandos de la institución fueran destituidos por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.

El proceso lo lleva a cabo la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía, nombrada el 12 de abril de 2016 por el presidente Juan Orlando Hernández con tres miembros de la sociedad civil y el ministro de Seguridad, Julián Pacheco.

“La construcción de la nueva policía va caminando y no nos vamos a detener”, proclamó recientemente el presidente. “Este es un proceso de mediano y largo plazo”.

Tras la evaluación de 9.234 miembros fueron destituidos 3.919 agentes y oficiales en marzo. Anteriormente la comisión anunció la incorporación de 4.063 efectivos para el reemplazo y planes de elevar a 26.000 el número de miembros hasta 2022.

Fuerzas infiltradas

La comisión fue organizada al trascender en la prensa local y estadounidense que los miembros de la cúpula policial, pagados por narcotraficantes, mandaron a matar al zar antidrogas, Julián Arístides González, en 2009 y al asesor en seguridad Alfredo Landaverde en 2011.

La comisión da seguimiento “a los procesos de investigación criminal de los agentes y oficiales cancelados con indicios de haber cometido delitos y crímenes”, aseguró el miembro de la comisión, Ormar Rivera. 

Agentes consultados por la agencia AFP, que pidieron no revelar sus nombres, aseguraron que el riesgo de volver a caer en la corrupción persiste por los bajos salarios, citando como ejemplo que un agente recibe $ 300 al mes, aunque reconocieron que las condiciones mejoraron, sobre todo las instalaciones y la dotación de uniformes y armas.

Víctimas inocentes

Uno de los oficiales “depurados”, comisionado Henry Osorto, aseguró que “no se siguió el debido proceso” y “han sacado gente inocente que no ha participado en ningún delito”.

“Hay grandes intereses” en la depuración, “lo que se ventila es que políticos han sido los principales colaboradores” del narcotráfico, afirmó Osorto.

El pasado 6 de marzo, al comparecer en una corte de Nueva York, un exjefe del poderoso cartel Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, involucró en la logística del tráfico de drogas al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) y al actual ministro de Seguridad, Pacheco.

También mencionó a un hermano del actual presidente, el diputado Antonio Hernández, además de militares y políticos. Todos rechazaron los señalamientos.

Desde que asumió en enero de 2014, Hernández anunció una ofensiva contra los carteles de drogas, las pandillas y otros criminales con el argumento de disminuir la tasa de homicidios, para lo cual también incorporó a las Fuerzas Armadas en las tareas policiales.

Honduras registra una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi nueve veces el promedio mundial establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 6,7 por 100.000.

Siete de cada 10 homicidios son atribuidos por el gobernante al narcotráfico, que utiliza el territorio hondureño para enviar drogas a Estados Unidos.

El 22 de marzo pasado, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) reconoció que desde 2011 se redujo la tasa de homicidios el 30%, pero, recomendó,  “el despliegue de fuerzas militares para realizar funciones de seguridad ciudadana debe hacerse solamente en circunstancias excepcionales, ser limitado en el tiempo”. (I)

Líderes de Mara Salvatrucha fueron detenidos

La policía de Guatemala capturó a dos salvadoreños sospechosos de ser líderes de la pandilla Mara Salvatrucha y de estar entre los más buscados en su país, informó la institución.

Al primero de los supuestos cabecillas de la Mara Salvatrucha lo arrestaron durante un operativo en una vivienda en el municipio San José Pinula, aledaño a la capital, y fue identificado como Pedro Rivas, conocido como ‘Sniper’, detalló el portavoz policial Jorge Aguilar.

Indicó que Rivas es un “miembro importante de la federación”, una de las principales estructuras de la Mara Salvatrucha.

El otro salvadoreño, Cristian Ajosal, de 33 años, alias ‘El Baby’, fue detenido durante una operación en el municipio Mixco, en la periferia oeste de Ciudad de Guatemala, y también se encuentra entre los más buscados por El Salvador.

Luego de las capturas, Rivas fue entregado por elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala a sus pares de El Salvador, mientras que Ajosal se encontraba pendiente de la expulsión a su país, agregó Aguilar.

Durante los operativos fueron detenidos cinco supuestos pandilleros guatemaltecos, entre ellos un menor de edad y dos mujeres. (I)