Un agente de tratamiento penitenciario detenido por tomar fotos sin autorización al fiscal Galo Chiriboga y un testigo retenido por presunto perjurio son las incidencias que se registraron la mañana de ayer en el tercer día de audiencia de juzgamiento del caso ‘Las Dolores’, que se desarrolla en el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Una vez que se instaló la audiencia a las 08:30, un guía penitenciario que custodiaba a los 6 expolicías procesados en este caso, empezó a tomar fotos con un celular de manera sospechosa al fiscal Chiriboga, por lo que el presidente del Tribunal Penal ordenó la detención del agente.

De inmediato el guardia fue trasladado por la escolta de la CNJ hasta la Unidad de Flagrancia, donde le iniciaron una causa a base del artículo 563 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en concordancia con el artículo 273 de la misma normativa.

En el receso, Chiriboga se refirió a este tema al señalar que no se opone a que le tomen fotos, pero no era el ambiente adecuado para hacerlo, por eso le pareció sospechoso. Además, indicó que no tiene miedo de seguir con este caso.

Testigo retenido

Al reanudarse la diligencia, el policía en servicio activo Geovany Maldonado fue llamado a testificar, quien participó como miembro del GIR en la incursión a la farmacia del norte de Guayaquil, el 19 de noviembre de 2003.

Al responder a las preguntas del fiscal, Maldonado señaló que fueron desviados de su misión original que consistía en acudir al sector de Las Orquídeas para capturar a un delincuente apodado “ElMarino”; pero el mayor Eduardo G. ordenó que se desvíen hacia La Alborada e intervengan en la farmacia, donde se estaba produciendo un asalto.

Al llegar ingresó y observó a varias personas tendidas en el piso y un delincuente que había sometido al guardia del sitio; en estas circunstancias escuchó a un compañero que gritó “granada” e inmediatamente se lanzó al piso.

El abogado acusador, José Luis Mestanza, insistió en preguntar al testigo sobre la supuesta granada que fue lanzada, a lo que contestó que no había visto nada.

Sin embargo, cuando el juez del TribunalPenal, Richard Villagómez, le dijo que aclare sobre la granada, Maldonado admitió que observó a una persona que arrojó el artefacto explosivo y salió corriendo por una puerta de vidrio cerca de donde estaba tendido.

Ante esta contradicción, el fiscal Chiriboga solicitó la retención del testigo, ya que habría cometido presunto perjurio. El Tribunal autorizó a la escolta de la Sala a retener al uniformado hasta que decidan si procede el pedido.

 Teoría de la Fiscalía

Cerca de las 07:00, un grupo policial especial conformado por 10 agentes de inteligencia y otros 10 integrantes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), dirigidos por el mayor Eduardo G., armaron un anillo externo de seguridad alrededor de la farmacia, ubicada en La Alborada, para entrar en ella, al parecer porque asaltaban el lugar. Pero ahí provocaron la muerte violenta de 8 personas, reseña la Fiscalía.

 Los uniformados rodearon la farmacia antes, durante y después de las ejecuciones y desviaron el tráfico vehicular y peatonal. Ejecutaron a José Cañar y Jasmany Rosero, quienes estaban afuera de la farmacia, indica.

Al ingresar al local no respetaron los principios del uso progresivo de la fuerza, proporcionalidad y racionalidad, y provocaron los asesinatos de los ciudadanos peruanos Raúl Salinas y Miguel Quispe Portilla, así como la muerte de los ecuatorianos  Richard Tello Jácome y Henry Aguilar.

También murieron el mensajero de la farmacia, Guime Córdova, y un cliente que compraba pañales para su hija, Carlos Andrade Almeida.

Dolores Vélez, esposa del pastor evangélico Andrade, ese mismo día acudió a la Fiscalía del Guayas a denunciar el hecho, pero nadie lo investigó.

Esta información se conoce por el  testimonio de Roberto C., quien fue fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Vida y que estaba de turno en Flagrancia, cuando Dolores Vélez puso su denuncia el mismo día en que mataron a su cónyuge.

Roberto C. le habría pasado la denuncia al fiscal Carlos P., imputado en este juicio, y no tuvo más conocimiento de este caso hasta el año anterior.

Según el testimonio, el exceso de trabajo que había en 2003, porque en esa fecha se laboraba con pasantes, hizo que el caso no se investigue.

Declaración de testigos

SeidiV., a quien cubrieron el rostro ya que es una testigo protegida y estuvo detenida en el 2003 porque la Policía la implicó en un principio en el asalto, declaró que escuchó el alboroto y las detonaciones, lo cual la asustó y observó desde el segundo piso del local donde se encontraba cuando ingresaron los uniformados.

La mujer continúa y recuerda que uno de los policías la bajó al primer piso, donde observó a varias personas tendidas en el suelo, “a uno de ellos, un policía lo tenía contra el suelo y le pisaba los brazos, supongo para que no se mueva, otro estaba con las manos atadas hacia atrás, boca abajo.

El uniformado que la custodiaba, dijo, le preguntó si reconocía a alguno de ellos, ella respondió que no, luego de varios minutos la sacaron por la parte posterior del local con la cabeza cubierta y la subieron a un vehículo. Una vez que se detuvo, se percató que estaba en la casa del mismo policía que la sacó del local. El uniformado le dijo que la ayudaría si declaraba a favor de los policías que actuaron en el operativo, después la llevaron a la penitenciaría.

Hasta el cierre de esta edición continuaban receptándose los testimonios.

Datos

El 19 de noviembre de 2003 a las 07:00, un grupo policial conformado por 20 agentes rodearon una farmacia de La Alborada por un supuesto asalto en progreso.

Producto del operativo, dirigido por el Mayor EduardoG., murieron 8 personas y desaparecieron otras 4, incluidos el mensajero de la botica y un cliente que ingresó a comprar pañales.

 En el 2004 la corte policial declaró inocentes a los policías que participaron en el operativo, pero el caso fue reabierto por la Fiscalía en enero de 2012 por sospechas de ejecuciones extrajudiciales.

El 14 de noviembre de 2013 Galo Chiriboga formuló cargos por graves violaciones a los derechos humanos, subsumido en asesinato y finalmente el 7 de octubre de 2014 la CNJ llamó a juicio a 18 expolicías, que finalmente inició este 20 de octubre.