En febrero de 2012, y por 10 días, las redes sociales, así como los medios de comunicación,  anunciaron constantemente la desaparición de Alejandra  Castillo Machado y Rebeca Cajas Díaz,  ambas  estudiantes del colegio Los Pinos, de Quito.  

Esa “ola de mensajes” terminó cuando  miembros de la Unidad Antisecuestros y Extorsión  (Unase) de la Policía  revelaron  que las menores fueron halladas en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro.

La búsqueda de las adolescentes se inició     por las presunciones  de un supuesto secuestro o delito vinculado con  la trata de personas. 

No obstante,  transcurrieron 10 días y no hubo ningún pedido de rescate, por lo que esas hipótesis   quedaron descartadas por  la Unase, y más aún cuando se determinó   la fuga voluntaria de las adolescentes, debido a problemas en el hogar.

Otro caso  se había registrado en diciembre de 2011 en Guayaquil. En esa fecha, llena de angustia e incertidumbre por el estado en que se encontrara  su hija de 14 años, Janeth Morales Fernández viajó  a Santa Elena, desde Guayaquil, con el fin de traerla de regreso, puesto que un día antes la adolescente  abandonó su hogar en compañía de un joven de 17 años que fungía   ser su enamorado.

La mujer recuperó a su hija, pero advirtió al adolescente y a su familia que se mantengan lejos de ella, o si no adoptaría acciones legales. Y así fue. Una semana después Morales acudió a la Fiscalía  para denunciar el presunto rapto de su hija  desde su hogar, ubicado en la ciudadela Ferroviaria, puesto que los adolescentes insistían en frecuentarse.

Al referirse a este tema,  Víctor Hugo Vinueza, director nacional de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), explica  que estos casos son catalogados por la entidad como “abandonos voluntarios de hogar” y el 100% son solucionados.

El oficial relata que en el año 2011 se reportaron 300 casos, por los cuales apenas fueron detenidos 20 sospechosos. Eso sucede porque las mismas adolescentes tratan de encubrir al individuo, mintiendo sobre su identidad y posible paradero.

La cifra del 2011 superó la registrada en 2010, cuando la Dinapen  reportó  240 casos de abandono voluntario del hogar.

En Guayaquil se  reportó durante   2012 la desaparición de 100  menores de edad por diferentes causas. De esos   casos,   los más trascendentales    tienen relación con el abandono   voluntario del hogar (57), el no retorno a casa después de  salir del plantel educativo (21) y   desapariciones    por cuestiones  sentimentales (13).      Este último punto está vinculado con   jóvenes que deciden  huir con  sus     parejas.

Estos hechos  no necesariamente están  relacionados  con delitos, ya que  los menores -la mayoría-  que deciden fugarse lo hacen por las  circunstancias  que atraviesan. Lo contrario ocurre con los casos de secuestro, en los que la víctima se encuentra en una situación vulnerable, detalla el funcionario.

Rocío Córdova, procuradora de Adolescentes Infractores, dice que por lo general los padres denuncian los casos y se delega a los agentes de la Dinapen la respectiva investigación, al mismo tiempo que se gestiona ante los jueces las órdenes de allanamiento, captura, etc.

Sin embargo, muchos padres llegan a las oficinas de la Dinapen (ubicadas en Boyacá y Luis Urdaneta) y los agentes actúan de inmediato, sin esperar el procedimiento de rigor, puesto que se trata de un presunto delito flagrante.

Córdova explica que hay casos de emergencia en que los padres saben la ubicación real de la menor y es primordial actuar con rapidez para evitar que el raptor se ponga sobreaviso y huya. Muchas veces el infractor está en el mismo lugar y las menores, cuando son rescatadas, dicen que ya se fue o que la dejó sola.

“Hay sospechosos  que tienen experiencia en esto y se las llevan a otros puntos de la ciudad o se van a pueblos donde tienen  familiares. En otras ocasiones huyen con los enamorados, muchos de los cuales son mayores de edad que incurren en el posible delito de estupro; pero también hay casos en que son persuadidas por amigas y van a lugares donde, a cambio de relaciones sexuales, empiezan a recibir dinero”, señala Córdova. 

Un agente que prefirió no revelar sus nombres  señala que cuando se hace efectiva la recuperación de la menor, ya sea a través de amigas, compañeras o los mismos familiares, se suscribe un acta de compromiso entre los padres y la Policía.

Relata que las menores en varias ocasiones simulan que son raptadas y llaman a la casa para indicar que se han escapado y que las busquen en determinado sitio.

Eso se da, agrega, cuando los “compañeros sentimentales, muchos de ellos adultos, ya consiguieron lo que querían y las abandonan. Obviamente, las adolescentes no llegan a la casa diciendo que huyeron con alguien; eso se logra determinar cuando indagamos y averiguamos la realidad del asunto”.