El ministro del Interior, Diego Fuentes confirmó que en la operación Oro Negro o caso Petroecuador, las difusiones rojas emitidas por Interpol contra 11 implicados dieron resultados, por lo que se iniciaron las peticiones para su localización y aprehensión en los tres países, con el fin de extraditarlos, pues son requeridos por la justicia ecuatoriana.

Indicó que en el momento que sea identificada “la persona será puesta inmediatamente a orden de la justicia del país en el que resida y se coordinará la venida de esa persona al país”. Las once difusiones rojas están avalizadas por la Interpol y vigentes en 190 países.

Fuentes explicó que dentro del proceso de cooperación, las autoridades judiciales de los países extranjeros analizan la petición de extradición, verifican que se cumplan los requisitos legales y que los delitos sean sancionados con la misma legislación.

Además, en temas puntuales de cada país, se identifica que la persona sea la que corresponde, que exista una orden judicial competente para que comparezca a juicio o una orden de prisión preventiva.

Triangulación migratoria

El funcionario reveló que en esta investigación se realizó una triangulación de los estados migratorios de cada uno de los últimos arribos a los respectivos países. “Una vez que se confirma que la persona ingresó pero no salió, se presume que se encuentra en esa nación y se pide que inicien los procesos de extradicion”.

A través de Cancillería se solicitó a los Estados, donde se tienen información que se encuentran estas personas, que procesen inmediatamente los procedimientos de extradición.

Para Fuentes, el delito de cohecho exige -que para que esas personas puedan aportar con su testimonio y cualquier elemento de convicción-, deben comparecer en Ecuador. El cohecho es un delito imprescriptible y se puede al acusado juzgar en ausencia.

Precisó que como resultado de los  los allanamientos, se confiscaron 19 bienes inmuebles entre casas, oficinas, terrenos y parqueaderos; siete bienes muebles. Además están 23 personas procesadas y hay 11 difusiones rojas.

Dijo que entre $ 12 a $ 13 millones fueron recuperados. Ese valor se desprende de la evaluación de los bienes allanados en Pichincha, Esmeraldas y Guayas. Además se encontró $ 320.000 en efectivo en las distintas propiedades de las personas involucradas, -que son parte de la cadena de custodia-.

Posteriormente, manifestó el ministro, se hallaron elementos de convicción que ampliaron la visión del caso, por la documentación encontrada, por ejemplo contratos. “Porque hay una necesidad urgente de determinar a las personas responsables de los delitos, y el avance que tiene el caso Petroecuador no es más que la consecuencia del impulso que dio el Gobierno”.

Audiencia de revisión de medida

Dentro del caso de presunto cohecho en la empresa pública Petroecuador, la jueza Karen Matamoros dispuso para este lunes 28 de noviembre a las 09:00 la audiencia de revisión de la medida cautelar solicitada por la procesada Paquita M.G.. La acción judicial se efectuará por el principio de concentración y economía procesal, según señala la providencia.

También en la diligencia, la servidora judicial dispuso que intervenga Camilo Andrés García Santamaría, gerente general y representante legal de Saxon Energy Services del Ecuador S.A.

Las imputada por supuesto cohecho en la estatal petrolera cumple medidas sustitutivas y tres días a la semana tiene que acercarse a la unidad judicial de Pichincha a reportarse. Además tiene la prohibición de salida del país. Igual medida la cumple Jelice H., cónyuge de Álex B., principal implicado en esta causa.

Precisamente Álex B y Carlos P.Y., son los únicos procesados que están vinculados en dos expedientes, por los presuntos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. El último de los nombrados se encuentra presumiblemente en Estados Unidos, según un informe de Interpol. (I)