El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, reveló múltiples acciones dilatorias en el proceso que se le sigue a Raúl S., representante legal del extinto Banco Territorial y a su mayor accionista Pietro Z., acusados del presunto peculado bancario.

Hizo referencia a esto debido a que en una semana se convocó por 2 ocasiones a la audiencia de juzgamiento, pero no se efectuó. El segundo llamado tuvo fecha  2 de abril y no se llevó a cabo por la falta de un tercer juez  en el Tribunal Quinto de lo Penal del Guayas.

Chiriboga explicó que la intención no solo sería buscar la caducidad de la prisión preventiva, sino dar a entender que todavía se puede manipular la justicia ecuatoriana, lo que criticó y rechazó.

El Fiscal General detalló que dentro de esta causa se han presentado recursos de nulidad al auto de llamamiento a juicio, recusaciones a los jueces de la Corte Provincial del Guayas y del Tribunal Penal, solicitudes de hábeas corpus y apelaciones a los autos de prisión preventiva; sin embargo, todos  fueron negados. “Incluso hubo recursos a los cuales los abogados defensores ni siquiera asistieron”.

Otros procesos por supuesto lavado de activos y por la venta de Casa Tosi están en indagación previa.También informó que Raúl S. y Pietro Z. han cambiado de abogados reiteradas veces, justo un día antes de la fecha pactada para las diferentes diligencias, esto con el fin de pedir más tiempo para que los nuevos defensores se empapen del proceso.

Pero Chiriboga explicó que este propósito no tiene base legal alguna, pues la Fiscalía demostró durante la presentación del recurso de amparo de libertad solicitado por los involucrados, que durante 4 meses la defensa efectuó acciones para demorar el proceso. “Por disposición legal (...) si hay una persona que mal usa el derecho para dilatar injustificadamente una causa, no le beneficia en nada”, explicó.

En virtud de esto, Chiriboga anunció que visitará la Corte Provincial de Justicia para asegurarse  de que la audiencia de juzgamiento se instale el próximo miércoles 9 de abril, a las 11:00, en la Unidad Judicial del Centro Comercial Albán Borja, en el norte de Guayaquil. “Voy a solicitar también la colaboración de la Defensoría Pública, para que estén presentes en  caso de que los abogados (de Raúl S. y Pietro Z. )  no comparezcan, que ellos asuman la defensa”, agregó.

Chiriboga comunicó que esta situación tiene que ver únicamente en el caso por el supuesto delito de peculado bancario, que dicho sea de paso no prescribe, pues hay otro proceso pendiente por presunto lavado de activos; éste se encuentra en etapa de indagación previa. “Esta investigación (lavado de activos) logró ya el bloqueo de $ 8 millones de las cuentas de 8 personas que fueron procesadas a fin de que estos recursos queden en poder del Estado”, indicó el Fiscal.

Pero existe otra causa por la hipotética venta de la empresa Casa Tosi. “Después de que el Banco Territorial fue cerrado, es decir, ya no disponían los accionistas ni los administradores de los fondos que tenía el banco, se transfirió la suma de $ 93 millones al exterior, una cosa sumamente grave”, reveló.