Nuevamente, Betsabé Cornejo y Daniel Zavala, madre y hermano de la fallecida reina de Durán, Catherine Cando, realizaron ayer un plantón en los bajos de la sede de la Fiscalía, en el centro de Guayaquil, sector de La Merced.

La protesta busca evitar el archivo de la causa por el fiscal Marcos Escobar. “Rechazo por segunda ocasión el intento mañoso de la Fiscalía Provincial de Guayas de desestimar la investigación por el homicidio culposo por mala práctica profesional de la extinta reina de Durán”, expresó el abogado Pedro Buitrón, representante legal de Cornejo y Zavala.

El jurisconsulto cuestionó que en el pedido de archivo se sostenga por segunda ocasión que no existen los indicios suficientes para seguir con la investigación por la muerte de Cando.

Por tal motivo, Buitrón recordó que en su momento, la Dirección Provincial de Salud de Guayas dentro del proceso reveló que la clínica donde operaba el doctor Gustavo B. no tenía permisos de funcionamiento y fue clausurada.

En la investigación, según Buitrón, consta que el médico mencionado no poseía título de cuarto nivel como especialista, lo cual lo inhabilitaba a intervenir quirúrgicamente a persona alguna.

Además, “en la inspección realizada tras la muerte de la reina de Durán, se hallaron medicamentos caducados y se modificó la escena del presunto delito que se investiga. Entonces pregunto a la opinión pública si estos indicios de irregularidades no son suficientes para iniciar la instrucción fiscal contra el médico Gustavo B.”.

El fiscal Escobar no habló porque este caso se encuentra en indagación previa.

La primera  investigación que realizó el fiscal Germán Bustamante, también dentro de la etapa de indagación previa, determinó que Cando murió por la complicación alérgica denominada ‘shock anafiláctico’ y que no había indicios suficientes para continuar con la indagación.

La progenitoria de Cando  destacó que el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que  “la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. Además, COIP indica que “será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas”.

La solicitud de archivo de la causa recayó en el despacho del juez Ramón Saltos, de la Unidad Penal Albanborja. La autoridad decidirá si acepta o no la desestimación.

Otros casos

En el plantón también estuvo el abogado Héctor Vanegas, defensor de la modelo quiteña Melanie Montenegro, quien  también murió durante una cirugía estética en una clínica de Guayaquil. “Yo no entiendo para qué está la Fiscalía. Si el ánimo es lograr agilidad y dar con los responsables y que estos paguen con la cárcel, aquí ocurre todo lo contrario”.

A pocos pasos, lloraba Sonia Bravo Naranjo, madre de María Alemán Bravo, quien murió durante una lipoescultura. “Mi hija no necesitaba esa cirugía por más que lo haya querido y pedido al médico que la operó. Este profesional tuvo que haberse negado a dicha operación, pero pesó más el lucro económico”, dijo la mujer, quien teme que el caso de su hija también camine hacia la desestimación. (I)