En octubre de este año el Consejo de la Judicatura (CJ) tendrá una medida para valorar la productividad de los jueces según la materia de su competencia y jurisdicción (1.600 en todo el país); esto será posible luego de la primera fase del proceso de evaluación cuantitativa.

Néstor Arbito, vocal del CJ, explicó que antes de calificar el desempeño de los operadores de justicia fue necesario dotarlos con los recursos para que cumplan con su trabajo (moderna infraestructura, plataforma tecnológica, normativa). “Iniciamos con un sistema de evaluación cuantitativa (...) también hay que medir cualitativamente, correcto, pero lo estamos haciendo de manera progresiva y separado”, dijo Arbito.

También precisó que el rendimiento se mide entre jueces de la misma materia (civiles, penal, etc., por separado), de la misma instancia (juzgados, tribunales, salas) y del mismo cantón. “No estamos comparando Guayaquil con Naranjal (...) vamos a tener medias (promedios) propias de cada ciudad y de cada materia, por ejemplo, la media de producción en materia Civil en Guayaquil o en Riobamba, y vamos a ver quiénes están por encima o por debajo”, explicó.

Abelardo Albornoz, director de Gestión Procesal (Guayas), detalló que la evaluación implica una valoración sobre las causas resueltas de la carga activa y las ingresadas desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 1 de octubre de 2014.

Además, explicó que si la tasa de resolución de un juez es superior a 60%, será considerado regular; de 70% a 84%, bueno; y de 85% a 100%, satisfactorio. Quienes estén entre 0% y 59% entran en el rango de deficientes y pasarán a otro período de 3 meses de estimación en el que deberán mejorar su promedio o serán separados.

No obstante, los operadores de justicia que alcancen la categoría más baja podrán pedir que se reconsidere su nota, para que se ratifique o rectifique en un período de 15 días. La solicitud pasará a un tribunal conformado por delegados del pleno del CJ, de la Dirección General del CJ y de la Dirección Nacional de Talento Humano del CJ.

Albornoz agregó que luego se tomarán medidas estratégicas según los resultados; por ejemplo, si hay bajo rendimiento por falta de secretarios o asistentes, se analizaría el incremento del talento humano.

Albornoz manifestó que Ecuador toma en cuenta estándares regionales (Latinoamérica) que miden el servicio de justicia, no solo en el nivel de producción, también en la cantidad de operadores de justicia necesarios por cada habitante.

Control en otro aspecto

Pablo Martínez, director disciplinario del CJ (Guayas), comunicó que los controles en otros aspectos continúan, es decir, el monitoreo para detectar si los funcionarios cometen faltas injustificadas, graves o muy graves (sancionadas por el Código Orgánico de la Función Judicial), lo que no significa que la institución sea un ente perseguidor, pero sí que procura mejorar la atención.

Sin embargo, Martínez no descartó que producto de la medición de productividad (dispuesta por la Ley Orgánica de Servicio Público) se detecte trabajo negligente y se inicien sumarios administrativos en contra de ciertos operadores de justicia, lo que es sancionado con suspensión, multa y hasta destitución.