La limpieza judicial no se detiene, el miércoles último 3 jueces fueron separados de la institución e incluso 2 están en prisión; hace unas semanas otros magistrados de la Corte de Babahoyo pisaron la línea de la destitución. Otros servidores están bajo investigación por irregularidades en sus funciones.

El miércoles último se evidenciaron dos casos de tráfico de influencia y fraude procesal, en los que están implicados funcionarios judiciales.

Al respecto, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, explicó que la Dirección Nacional de Transparencia de la institución recibió la denuncia de un abogado en libre ejercicio, quien informó que el ciudadano César Pico, por recomendación del juez civil Óscar Lanata Álava, le ofreció un arreglo en el juicio de expropiación del edificio donde actualmente funciona la Judicatura.

El objetivo del acuerdo era lograr un incremento en el monto de la indemnización que el Estado debía pagar al expropietario del inmueble por la expropiación respectiva. En este caso también estaría involucrado el juez de la Corte Provincial de Pichincha, Freddy Macías Navarrete, dijo el funcionario.

El edificio de la Judicatura en Quito fue declarado en propiedad pública, lo que activó un juicio de expropiación, se pagó lo que determinaron los predios municipales. El juez de primer nivel estableció un valor de cerca de $ 10 millones; y se le ofrecía a una de las partes procesales que el valor del bien iba a subir a cerca de $ 11 millones, es decir que se entregue $ 110.000 al juez de la Corte, que al final no se logró por la intervención judicial, explicó.

También Jalkh informó que en Babahoyo, provincia de Los Ríos, el martes último fueron retenidos para investigaciones el juez Carlos Albán, la secretaria judicial Magaly Julio y el coordinador de agendas de la Unidad de Flagrancia de esa ciudad, Luis Hernández, pero este último está prófugo, luego de que un grupo de personas facilitaron su huida de la Unidad de Flagrancia.

Ellos facilitaron la libertad del procesado Hugo Buñay, autor de femicidio, quien fue recapturado.

A los jueces se les abrió un expediente administrativo paralelamente a la causa penal.

El titular de la Judicatura estuvo ayer en Los Ríos para dar su apoyo al directivo judicial de esa provincia por denunciar estos hechos, ya que seguirá luchando contra la ilegalidad y la corrupción.

“Es importante que la ciudadanía conozca el trabajo del CJ para erradicar el posible tráfico de sentencias que todavía puede ser testimonio del pasado de la Función Judicial y que estamos erradicando absolutamente”, señaló Jalkh, quien manifestó que adicionalmente se podrían iniciar otras investigaciones por delitos conexos como el enriquecimiento ilícito, público o privado.

Denuncias contra judiciales

Las denuncias sobre las actuaciones de los operadores de justicia presentadas en la Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura son cerca de 900 en los 5 primeros meses de este año, anunció el titular de esta dependencia, Wilson Navarrete.

“Tenemos un promedio de 800 a 900 denuncias contra funcionarios judiciales, a las cuales les damos tratamiento y seguimiento del expediente. En caso de encontrar faltas disciplinarias, se las deriva al departamento de Control Disciplinario de la CJ para que revisen las actuaciones de jueces, fiscales u otros funcionarios de la institución que sean presuntos responsables.

Pero, “en caso de que no sea así, se le dará otro tratamiento con la Fiscalía y la Policía Judicial, como en los casos informados”, dijo Navarrete.

La ciudadanía puede presentar sus denuncias al 1800-Transparencia y en la página web. (I)