Debido a que la mayor cantidad de armas decomisadas son de fabricación artesanal y a que muchos delitos se cometen en motocicleta, las autoridades de la Zona 8 de Policía (Guayaquil, Durán y Samborondón) ejecutan investigaciones para hallar los talleres clandestinos donde se las fabrica, así como intensos controles a los conductores de los vehículos.

El coronel Lenin Bolaños, comandante de dicha jurisdicción, manifestó que entre enero y abril de este año han sido detenidas 2.553 personas por el cometimiento de delitos y se ha aislado por el mismo motivo a 365 menores de edad.

De esta cantidad de individuos puestos a órdenes de la autoridad, 486 tenían armas, el 64% de ellas artesanales. Pero lo más preocupante, según expresó Bolaños, es que 65 adolescentes las tenían en su poder. También, reveló que el 89% de los menores estaba acompañado de adultos, lo que indica que son utilizados por estos últimos para eludir la justicia.

“Cuando ya actúa la ley, al que dan de referente de violencia criminal es al menor, porque es inimputable”, por lo que está previsto realizar un trabajo articulado con otras instituciones para tratar estos casos.

Ante este problema las investigaciones se concentran en localizar los sitios en los que se elaboran estos artefactos y también dónde se comercializan, acotó el coronel Jorge Flores, jefe de la Policía Judicial de la Zona 8, quien además hizo un llamado a los ciudadanos que saben dónde funcionan estos lugares para que denuncien en las Unidades de Policía Comunitaria, o de manera anónima al número 1800 Delito (335486).

En Ecuador, el 28 de abril de 2011 se expidió el Acuerdo Ministerial 749, que prohíbe importar armas a escala nacional, para evitar el ingreso legal. La medida se complementó el 23 de febrero de 2012, cuando el Gobierno estableció que no se pueden fabricar estos objetos de forma artesanal, pues esa fue la alternativa empleada cuando se dejó de comprar al extranjero.

El fiscal César Peña, quien conoce procesos sobre tenencia (tener en un sitio) y porte (llevar consigo o a su alcance permanentemente dentro de una jurisdicción definida) de armas de fuego sin autorización, explicó que la sanción por estos delitos la determina el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con pena privativa de libertad de 6 meses a un año y de 3 a 5 años, respectivamente.

Sin embargo, aclaró que en caso de que al individuo se lo detenga teniendo o portando un arma, pero cometiendo robo, secuestro, asesinato, entre otros delitos, se lo procesa y sanciona según lo que establezca el COIP.

Con respecto a los adolescentes, el fiscal comunicó que se los direcciona a la Fiscalía de Menores Infractores, y un agente verá si es conveniente el aislamiento preventivo. En caso de que se desarrolle un proceso y se determine responsabilidad penal, la sanción podría ser el internamiento institucional que no supera los 4 años, así como medidas socio-educativas.

Uso de motocicletas para delinquir

En el 89% de los delitos ocurridos en la Zona 8 se usó motocicletas, mientras que en el 68% participó más de una persona, detalló Bolaños, por lo que a más de intensificar los controles, considera llevar ante las autoridades competentes (de tránsito) la propuesta de varios actores ciudadanos de que solo se pueda movilizar una persona en este tipo de vehículos.

Otra de las disposiciones es el uso de chalecos y la inscripción de la placa de la moto en el casco del conductor. “Será una parte vital para la disminución de la violencia criminal”, expresó. (I)