Producto de las últimas protestas violentas contra el gobierno registradas en el país, 60 personas tienen prisión preventiva y deberán responder por delitos de paralización de servicios públicos y ataques a agentes de la fuerza pública, tipificados en el Código Penal, explicó a la agencia Andes la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, quien negó categóricamente que existan "presos políticos".

"Nuestro sistema judicial penal no persigue a las personas, los ciudadanos que se ecuentran detenidos es porque, conforme a la investigación que se ha hecho tanto de Fiscalía como la resolución que ha realizado un juez, han cometido actos que se encuentran tipificados en nuestro ordenamiento jurídico penal", señaló la funcionaria.

La ministra fue enfática al señalar que "en el Ecuador no existen presos políticos; en el país hay privados de libertad pero por una sentencia emitida por orden jurisdiccional".

Según el reporte presentado por Zúñiga, tras las protestas del 13 de agosto, "60 (personas) tienen prisión preventiva, 39 de ellas están con medidas sustitutivas a la prisión, es decir, medidas alternativas, cuatro menores, con medidas socioeducativas y dos sentenciados".

La detención de los ciudadanos se dio "en su gran mayoría por el delito de paralización de servicios públicos, contenido en el artículo 346 del Código Integral Penal, otros en cambio, por el artículo 283, que habla de ataque con violencia a los agentes de la fuerza pública".

En las protestas 116 miembros de la fuerza pública (11 militares y 105 policías) resultaron heridos, al ser atacados con palos, tubos, piedras y objetos creados para causar lesiones.

Dirigentes indígenas y sindicales han declarado en las últimas horas que en el país hay "presos políticos" por "pensar diferente" del gobierno y el presidente Rafael Correa, contra los que se manifestaron días atrás.

"Las conductas típicas penales se encuentran establecidas en el Código Penal; no hay ninguna conducta penal por la cual un fiscal o un juez pueda disponer la privación de libertad por pensar diferente. Esa conducta no existe con delictual dentro del Código, entonces, mal una persona podría estar detenida de esta forma", respondió la ministra ante esos señalamientos.

El pasado 21 y 26 de agosto dirigentes como Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari; Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe; y Mesías Tatamuez, titular de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), marcharon hacia la Fiscalía General del Estado para reclamar por la liberación de los detenidos.

Las protestas se organizaron para rechazar temas de toda índole, entre ellos: las enmiendas constitucionales que discute la Asamblea Nacional, entre las que está la reforma para eliminar las restricciones a la reelección. Además piden el archivo de la Ley de Aguas y rechazan la propuesta relativa a la Ley de Tierras; la implementación de las cocinas de inducción para reemplazar a las de gas, para pedir el "libre ingreso" a las universidades, entre otros puntos. (I)