Jorge Pérez Aveiga se quitó la vida, colgándose con una soga, en la bodega de un inmueble situado en la cooperativa Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil. El hombre dejó una carta en la que confesó que un día antes había asesinado a su mujer en la vivienda donde habitaban desde hace 3 meses, en la ciudad de Machala (El Oro).

La víctima fue identificada como Katia Karina García González. El fiscal Carlos Vera, quien realizó el levantamiento del cadáver, señaló que en el sitio hubo un arma cortopunzante y una cuerda de nylon, “aparentemente fue muerte por estrangulación. La mujer tenía un corte en el brazo”. Por este caso quedó en la orfandad una niña de 2 años.

Gina Godoy, asambleísta nacional, indicó que desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se han conseguido 4 sentencias por femicidio en Ecuador: en Cañar, Chimborazo, Manabí y Tungurahua. La primera se dictó en Chimborazo  el 21 de noviembre de 2014.

Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, detalló que entre agosto y diciembre de 2014 se investigan al menos 26 casos de femicidio.

Godoy destacó que el COIP sanciona con prisión la violencia sicológica y se han conseguido sentencias en Quito (Pichincha), Guaranda (Bolívar) y Los Ríos.

En Guayaquil otra familia pide justicia. Javier Medina espera que David Daniel Z.N. sea sancionado por la muerte de su hija Juleysi Lizbeth Medina Arboleda, de 18 años.

Él y su esposa Martha Arboleda encuentran la fortaleza en la pequeña sobreviviente del hecho, quien fue sacada del vientre de la víctima a pocas horas después del hecho ocurrido en octubre de 2014. La pequeña tiene 4 meses de nacida.

El sospechoso permanece en prisión y aunque los deudos esperaban que lo sancionen por femicidio, la Fiscalía lo llamó a juicio por el delito de asesinato. El COIP establece privación de libertad de 22 a 26 años en ambos ilícitos. Sin embargo, en el femicidio se establecen circunstancias agravantes para que el victimario sea condenado con la pena máxima.

Los padres de la víctima aseguraron que vecinos les dijeron que en la pareja era frecuente la violencia.

“Ellos tenían 7 meses viviendo juntos en la cooperativa Nelson Mandela, sector Isla Trinitaria. Él no demostraba ser malo, pero era extraño que nunca nos miraba a los ojos y siempre usaba una gorra para tapar su rostro. Mi hija aún estaba en el colegio y las compañeras comentaban que él sí la maltrataba”, dijo Arboleda.

“Yo creo que mi hija por vergüenza no nos dijo nada, pero las mujeres no deben callar, sino habrá más muertes”, enfatizó.

Javier Medina contó que unas testigos del hecho, que aseguraban que a su hija la habían asesinado, prefirieron no declarar por temor a represalias. “Me dijeron que esa noche él la llevaba de los pelos y se escuchaban gritos. Más tarde se escuchó el disparo”, narró el padre.

Robinson Arboleda, tío de la víctima, contó que Juleysi estuvo en el hospital donde dio a luz y ahí se encontró con Daniel Z. “Primero dijo que hubo una balacera afuera de la casa y cuando Juleysi abrió la puerta la impactó una bala; pero luego indicó que manipulando un arma se le activó y se disparó accidentalmente.Estoy seguro de que él la mató”, dijo.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, sostuvo que como rectores del plan para la erradicación de la violencia de género apoyan a las familias que quedan con este dolor. A la familia de Juleysi le construyeron una vivienda en donde los padres tenían un terreno, en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil.  “La ciudadanía debe entender que la violencia contra la mujer puede llegar a la muerte y siempre hay víctimas colaterales: los hijos”, destacó.