Una de las primeras propuestas que trasladé al Consejo de la Judicatura en los primeros meses de 2013, año en que inicié mi primer período al frente del Colegio de Abogados del Guayas, fue la necesidad de abrir nuevas oficinas notariales en áreas de la ciudad y de la provincia del Guayas, sobre todo en aquellos sectores populosos donde el acceso a este servicio era desconocido. Mi pedido obviamente se basa en análisis técnicos y jurídicos que hoy comparto con ustedes.

El Estado ecuatoriano, a través del Consejo de la Judicatura, tiene la obligación de presentar a los ciudadanos las facilidades para el acceso al llamado Servicio Notarial, y este consiste, conforme lo establece el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial, “en el desempeño de una función pública que la realizan las notarias y los notarios, quienes son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia”.

Por su parte, el artículo 8 de la Ley Notarial expresa.- “En cada cantón habrá el número de notarios que determine el Consejo de la Judicatura, sobre la base del informe estadístico elaborado anualmente por la unidad correspondiente sobre el número de actos y contratos realizados en cada jurisdicción cantonal, la población y otros aspectos relevantes del tráfico jurídico en dicha circunscripción. Conforme a esta norma, el número de notarios en cada cantón podrá ser aumentado o disminuido cada año para un mejor servicio a los usuarios”.

De acuerdo al último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en Guayaquil existen un total de dos millones trescientos cincuenta mil novecientos quince habitantes, de los cuales la cantidad de quinientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y cuatro habitan en la parroquia Ximena y trescientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y seis habitan en la parroquia Febres Cordero, siendo estas las más pobladas de la urbe después de la parroquia Tarqui.

Es justo reconocer que el Consejo de la Judicatura no ha hecho oídos sordos a mi propuesta. Hace pocos días concluyó el concurso para la designación de nuevos notarios y notarias que cumplirán sus funciones en los distintos cantones a nivel nacional.

En este proceso, citando como ejemplo la Resolución No. 112-2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura, para Guayaquil se han asignado setenta y nueve nuevas notarías, con las que se busca fortalecer el servicio notarial en esta ciudad.

Sin embargo de lo señalado, según consta de los anexos de la Resolución 078-2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura, a dos de las parroquias con mayor número de habitantes de Guayaquil, aparentemente no se habría asignado el suficiente número de notarías que permita una cobertura integral en la demanda por el servicio notarial al que día a día acuden miles de ciudadanos por las distintas competencias que estas autoridades poseen.

Estas parroquias son la Ximena, conocida como la de mayor número de habitantes en esta ciudad, y la Febres Cordero, la que ni siquiera consta dentro del detalle que se desprende de la referida resolución.
Estoy seguro de que una vez revisados de forma detallada los informes técnicos que han sustentado las asignaciones y distribución que constan en su Resolución No. 078-2015, se tomarán los correctivos necesarios, de tal modo que la citada distribución del servicio notarial abarque y brinde las facilidades y servicios que demandan y merecen todos los ciudadanos no solo de Guayaquil, sino de la provincia del Guayas y del país.

¡JUNTOS SOMOS INVENCIBLES! (O)