Para César Antonio Pincay Morán  los días de la madre no son los mismos desde el 19 de mayo de 1987, cuando fue detenido en el interior de su vivienda, situada en el Guasmo Norte, en Guayaquil, en instantes en que estaba reunido con sus familiares. Asegura que desde su detención vivió 10 días consecutivos e ininterrumpidos de tortura física y psicológica en las instalaciones del entonces S.I.C. Guayas (Cuartel Modelo) hasta que fue trasladado hasta la Penitenciaría del Litoral, donde el tormento se prolongó por 14 meses.

Eran alrededor de las 17:30, cuando Pincay, entonces de 29 años de edad, llegó presuroso para el festejo junto con su esposa y anciana suegra. Sin embargo, no transcurrieron 15 minutos y varios de  los característicos camiones  azules del Escuadrón Volante, con decenas de   policías a bordo, se estacionaron  frente a  la casa, de construcción mixta, en un operativo nunca antes visto en la zona.

En cuestión de segundos la vivienda estaba circundada de uniformados de caqui que con armas en mano y con gritos de: ¡Alto, policía! ¡Todos al suelo!, irrumpieron en ella con el claro objetivo de detener, tanto a Pincay como a su cónyuge, Sonia García,  puesto que nunca revisaron ni decomisaron nada de la morada en calidad de  evidencia.

El allanamiento y las detenciones se dieron sin órdenes judiciales; sin embargo, ambos fueron llevados a las dependencias del Cuartel Modelo, en la Av. de las Américas. Fue allí que la pareja se enteró de que estaba siendo detenida por la supuesta implicación en  el robo a una agencia del Banco de Guayaquil, ocurrido en diciembre de 1986.

Pincay relata que dentro de esas investigaciones estuvo primero detenido Jaime Baquerizo, de 19 años en esa época, y al parecer, dentro de la tortura infligida al joven, le arrancaron nombres y direcciones, entre los que estaban él y su conviviente.

El reloj marcaba las 00:00 del día siguiente y Pincay se vio rodeado de agentes en los calabozos del S.I.C. Guayas, quienes le preguntaban incisivamente sobre su presunta  militancia  en Alfaro Vive Carajo (AVC) y las  actividades del grupo armado.

“Siempre buscaban más información, pero nunca la encontraron, ya que la organización tenía todo compartimentado, es decir, uno sabía lo que debía saber, nada más, ni más ni menos”, indica Pincay, quien dedujo que su acusación de robo fue una ‘pantalla’ para confirmar lo que les interesaba: posibles nexos o vínculos entre militantes de AVC.

Este tipo de torturas consistía en  golpes con palos o toletes en la espalda, a la altura de los pulmones; además, le cubrían la cabeza con una funda y le aplicaban gas lacrimógeno. Relata que  lo bañaban con agua helada y le ponían electricidad en los genitales y otras partes sensibles, a tal punto, señala, que le  dejaron esas partes del cuerpo  desolladas, esto acompañado de la famosa ‘guindada’.

Esto se daba en las caballerizas, a un costado del S.I.C. Guayas, donde  habían unos árboles. “Ahí nos guindaban de los pulgares, con los brazos amarrados hacia atrás, que de tanta presión los brazos se  torcían totalmente. Han pasado 26 años y tengo secuelas de las torturas, me volaron las huellas dactilares y eso no se recuperará nunca”, relata.

Proceso penal, sentencia y hostigamiento tras las rejas

Al décimo día, la Policía elaboró un informe y lo sentaron frente a un fiscal, a quien Pincay identifica plenamente como Francisco Castro, que según indagaciones que él mismo hizo posteriormente, fue militante socialcristiano. El fiscal lo único que le dijo, recuerda, fue: Señor, firme su declaración, así fuera contra su voluntad.

El proceso penal continuó y a los 11 meses el  Segundo Tribunal de lo Penal de Guayas lo  sentenció a 3 años de prisión por el delito de robo, a pesar, asegura,  de no haber encontrado evidencias en su contra.

Lo que parecía que llegaba a su final, continuó durante su permanencia en la Penitenciaría del Litoral, puesto que Pincay junto con otros 21 presos vinculados a AVC estuvieron por 14 meses hacinados en la denominada ‘jaula de la venganza’, una celda de 6x6 m2 donde eran blanco de un sinnúmero de vejámenes y hostigamientos.

Pincay recuerda que con la cooperación de los otros internos  organizaron una huelga de hambre que duró 17 días, con el objetivo de cambiar esa precaria situación y exigir, además, la remoción del ministro de Gobierno de  Febres Cordero, Luis Robles Plaza. La medida de hecho logró su propósito y los reos llegaron a un acuerdo con las autoridades, por lo que la suspendieron y fueron   llevados a celdas en el pabellón B.

La Comisión de la Verdad iniciará indagaciones de rigor

El caso de Pincay es uno de los 20 a los que  la Comisión de la Verdad y DD.HH. de la Fiscalía dará trámite judicial, puesto que evidencia actos de lesa humanidad que se cometieron en contra de amplios sectores de la población civil, entre los cuales estaban, efectivamente, militantes de AVC, pero también personas que no tenían nada que ver, pues eran familiares o en otros casos  solo dirigentes estudiantiles.

Así lo indicó el director de esta Comisión, Fidel Jaramillo, quien explicó que tras la presentación de la denuncia formal,  la Unidad iniciará la indagación previa de rigor.

Acotó que posiblemente  no a todos los casos se les iniciará un proceso (instrucción fiscal) porque no  serán fuertes o contundentes en cuanto a evidencias, puesto que han pasado casi 30 años y muchos indicios se pudieron haber perdido, e inclusive algunos testigos o responsables,  haber fallecido.

Estos casos, agregó, no fueron denunciados ante la Comisión de la Verdad creada en 2007, por temor o apatía, puesto que las víctimas pensaban que si se presentaban ante el organismo podían nueva e injustamente ser detenidas y procesadas, o simplemente no creían o no tenían confianza en que se realizaba un proceso serio, pues recordaban que en el gobierno de Abdalá Bucaram se creó una Comisión de la Verdad que resultó ser un fiasco.

Testimonio que exdirigente estudiantil dio a Comisión

La rutina de torturas y abusos por parte de los miembros de la Fuerza Pública durante el régimen de  Febres Cordero sumó otra víctima en julio de 1986, cuando Jorge Dumet Abeiga, actualmente de 54 años, fue detenido por razones que nunca fueron  determinadas.

Relata que caminaba por Las Acacias, sur de Guayaquil, luego de haber  realizado un retiro en una agencia del  Banco del Pacífico, cuando una patrulla policial lo detuvo y los agentes le  pidieron  los documentos y le hicieron  una serie de preguntas. Tras la devolución de  la cédula  continuó su marcha hasta La Chala, donde vivía junto con su esposa e hijo de apenas 3 meses de nacido. A las  05:00 del día siguente, 14 agentes  con metralleta en mano llegaron a la vivienda de Dumet y exigieron que les abra la puerta, causando terror, tanto en él como en su esposa, pues no sabían de qué se trataba la incursión policial.

“Recuerdo que a mi esposa, ni bien abrió la puerta, la empujaron,  azotándola contra la pared; me cogieron y revisaron toda la vivienda”, relata Dumet, quien en esa época estudiaba en  la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, luego de haber sido   dirigente estudiantil en la secundaria.

Los policías tomaron como prueba  los tomos de El Capital, de Karl Marx, puesto que su esposa estudiaba Economía en  la Universidad de Guayaquil, y obviamente era parte de material de estudio.

Además, se llevaron su título de bachiller, libros, folletos e inclusive una revista   del Socialist Workers Party, el partido socialista de los trabajadores de los Estados Unidos, y revisaron hasta la cisterna para ver si había armas, pero no encontraron  nada, relata.

“Como en esa época  el tema de asesinatos, secuestros y torturas se volvía una rutina, recuerdo que pensé: hasta aquí llegué, y me acerqué a mi hijo que ese día cumplía 3 meses de vida y le di un beso y se me salieron las lágrimas, y uno de los  tipos me gritó: maricón, ahí sí lloras. Pero mi actitud fue por otra causa”.

Dumet fue conducido en una camioneta con  una capucha, y cuando se la  sacaron ya estaba dentro del Cuartel Modelo. Recuerda que lo subieron  a la Escuadra  de Oficiales y al poco tiempo lo  llevaron a la parte de atrás del cuartel, donde le quitaron los pasadores y se los amarraron en los pulgares para aplicarle la ya citada guindada.

Los dedos se le hincharon terriblemente y aún ahora muestra secuelas palpables del castigo, con deformaciones en sus falanges.

Otra forma de intimidación fue cuando rastrillaban el arma para introducírsela  en la boca y disparar, así como también las amenazas de llevar a su hija y   esposa. “La tortura psicológica era tan terrible que no me permitía  dormir”.

Dumet agrega que los flagelos continuaron por unos 20 días consecutivos, con golpes y gas lacrimógeno dentro de una  funda plástica y una capucha en  la cabeza.

“Eran buenos torturadores, pero malos interrogadores”, señala Dumet, puesto que le preguntaban cosas que no tenían sentido y a pesar de asegurar no saber nada, las torturas continuaban.

Tras casi 3 semanas, la solidaridad local e internacional de amigos activistas difundieron la noticia del posible secuestro de Dumet y exigieron al ministro Robles Plaza su inmediata libertad.