Debemos de dejar de ver para otro lado o hacer que no es con nosotros ante el trepidante consumo de drogas entre nuestros jóvenes del país. Estas constituyen el mayor y más alarmante problema social que enfrentamos padres y autoridades.

Esta perturbadora realidad nos ha llevado a implementar nuevos y avanzados mecanismos de control sobre nuestros hijos, así como a exigir innovación en las leyes frente a la presencia de nuevos conflictos sociales.

Por tal motivo es necesario destacar que con la promulgación del texto constitucional en el mes de octubre del año 2008, en que se prescribe que las adicciones son un problema de salud pública y se prohíbe expresamente la criminalización de los consumidores, comienza un nuevo enfoque jurídico de la problemática de drogas en Ecuador.

A esto se suma lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, de plena vigencia desde el mes de agosto del año 2014, en el que se diferenció las penas respecto del tráfico ilícito de estas sustancias, según una tabla de escalas, en oposición a lo que establecía la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas que establecía una misma sanción desde el productor, pasando por el distribuidor y vendedor.

Pero este cambio de normativa nos deriva en la necesidad de articular las gestiones y competencias de las instituciones públicas y privadas vinculadas con la erradicación de esta problemática.

Es necesario contar con una nueva herramienta que permita el trabajo conjunto por el bien común. Por ello la necesidad de plantear el Proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Drogas y Uso y Consumo de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, texto que propone la transformación de la institucionalidad acorde con la nueva organización del Estado, incluyendo un marco de normas eficaces y sobre todo más justas y humanas, controlando estas sustancias que de uno u otro modo se consumen en el país.

Con lo dicho el nuevo texto busca proteger derechos constitucionales como el de salud, educación, prevención, acceso a la información, no criminalización, no discriminación y no estigmatización, priorizando la sanción del acto, no del adicto, protegiendo los derechos del ser humano que lamentablemente ha caído en este medio, y no podemos ni debemos dejar de lado.

Soy testigo de cómo las drogas han destruido a un sinnúmero de familias, de cómo han acabado con los sueños e ilusiones de nuestros jóvenes. Es nuestra obligación como hombres y mujeres que anhelamos lo mejor para quienes nos rodean, el coadyuvar en una solución.

Por ello, desde nuestro espacio, abogaremos por la implantación de esta nueva norma, que pretende proteger y rescatar a quien ha tenido la desdicha de caer en este mundo.

Estoy de acuerdo con evitar que mis hijos sean acechados por este mal, estoy de acuerdo con sancionar con la mayor rigurosidad que la ley exige a quienes producen, comercializan y contaminan nuestro mundo con esta basura. Estoy de acuerdo en que el problema es de todos  y todos debemos de aportar para una urgente y definitva solución.

¡Juntos somos invencibles!