La Policía Nacional, Policía Judicial e Intendencias decomisaron solo en febrero de este año 3.499 objetos de dudosa procedencia en el país, informó Javier Ladino, director nacional de Control y Orden Público del Ministerio del Interior.

Entre los sectores en los que se han ejecutado operativos anticachinerías a lo largo del año constan el mercado Las Cuadras, en Quito; las calles General Torres y Gaspar Sangurima, en Cuenca; las calles Manabí y José Mascote, en Guayaquil, entre otros.

En la intervención policial desarrollada en Las Cuadras, en febrero, fueron allanados 3 establecimientos en los que sus administradores no tenían documentación para justificar la legalidad de objetos tecnológicos.

Además, Ladino comunicó que la mayor cantidad de bienes retirados  son piezas de vehículos, les siguen los teléfonos celulares y continúan electrodomésticos, joyas, armas blancas y demás.

“Normalmente los delincuentes intentan comercializar el producto de su actividad en estos locales, cuyos propietarios los utilizan para obtener repuestos o simplemente los venden”, expresó el jefe de la Policía Judicial en Azuay, coronel Germán Cevallos.

En Guayaquil, Durán y Samborondón el panorama es el mismo, explicó el coronel Roosevelt Campos, jefe de la Policía Judicial de la Zona 8, quien detalló que en 2014 incautaron 31.200 objetos, la mayoría espejos, llantas, tapacubos, logotipos, radios, etc.

Uno de los más recientes decomisos se efectuó en un local de las calles Esmeraldas y Vélez, donde almacenaban 20 guías de vehículos, 333 retrovisores, 41 tapacubos, 11 faros, 128 logos de diferentes marcas, 42 repuestos de carros, 3 antenas y 2 seguros de puertas.

Campos mencionó que el principal objetivo de la Policía Judicial en todas las provincias es terminar con estos ‘mercados negros’, algunas veces camuflados en establecimientos legales, para evitar que la mercadería que no tiene sustento legal o que fue obtenida de manera ilícita pase a manos de otros.

El oficial manifestó que para disminuir el robo de objetos y su posterior comercialización es necesaria la colaboración de la ciudadanía, es decir, que no adquiera cosas de dudosa procedencia, pues, si no hay demanda no habrá oferta.

También Campos explicó que “la persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin contar con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años”, tal como lo establece el artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde el 10 de agosto de 2014.

Elaboración de protocolo

Javier Ladino expresó que una de las políticas del Ministerio del Interior es el combate a la receptación y comercialización de bienes sin sustento documental y que antes de que entre en vigencia el COIP las Intendencias y Policía Judicial dirigían estas acciones, pero posterior a ello no son las únicas que intervienen, pues se sumó la Fiscalía General del Estado, sin que eso les reste participación.

Con el fin de mejorar la eficiencia en el combate a cachinerías, los ministerios Coordinador de Seguridad, Interior, Defensa y Justicia, Fiscalía, Policía, Consejo de la Judicatura, Servicio de Rentas Internas y municipios se encargaron de elaborar un protocolo para intervenir en esos sitios, el cual pasa ahora por una revisión final y se prevé aprobarlo este mes, manifestó el funcionario. (I)