Un promedio de $ 3,06 por cada galón de diésel pierde Ecuador debido al contrabando del combustible enviado a Perú y Colombia,  según el reporte de gestión 2014 publicado por la Unidad de Investigación de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos (Uideh) de la Policía Judicial.

El informe detalla que el Estado vende este producto subsidiado en $ 0,90 y que $ 3,96 es el precio internacional (en 2014), entonces la diferencia sería el perjuicio.

En el informe el teniente coronel Freddy Goyes, jefe de la unidad, detalló que ese año decomisaron 223.066 galones de diversos carburantes que delincuentes pretendían sacar de manera ilegal del Ecuador; 184.853 galones eran diésel.

Para contrarrestar este tipo de delitos la Uideh tiene agentes en oficinas situadas en 6 zonas estratégicas: 10 en Esmeraldas, 9 en Carchi, 5 en Sucumbíos, 7 en Pichincha, 11 en Guayas y 11 en El Oro. Entre las acciones relevantes está un operativo entre Ecuador y Perú, en el que allanaron 8 bodegas ilegales con 660 galones de combustible.

El Oro, por ser fronteriza con Perú, es una de las provincias que mayor atención requiere. El director del Consejo de la Judicatura en esa provincia, Rómulo Espinoza, manifestó que en el cantón Huaquillas son reiterados los casos de contrabando, por ello la Policía, Fiscalía y demás autoridades competentes ejecutan frecuentes operativos.

Allí se transporta diésel o gasolina en camiones que tienen adaptaciones en sus tanques, en canecas comunes y corrientes por caminos clandestinos, y hasta en fundas de basura.

El funcionario acotó que todas las acciones están avaladas por los jueces cumpliendo el debido proceso, por ejemplo, ellos emiten de manera justificada las órdenes de allanamiento y detención cuando son pertinentes.

Espinoza explicó que el producto incautado debe ser almacenado en bodegas especiales, pues no se puede dejar en cualquier lugar. “Hay disposiciones de que sea llevado a Lago Agrio (Sucumbíos), pero en las últimas reuniones entre autoridades se acordó el envío a terminales cercanas como la de Pascuales (Guayas)”.

En Guayas, pese a que el delito es el mismo, las modalidades y destinos del combustible son distintos. César Peña, fiscal primero de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos, explicó que en muchos de los casos los contrabandistas usan guías de remisión adulteradas para llevar el combustible a sitios no autorizados, por ejemplo a camaroneras y canteras que lo necesitan para poner a funcionar sus maquinarias, así como a embarcaciones.

“También hay gasolineras que no tienen permisos para adquirir más combustible porque tienen el cupo limitado y lo compran de forma clandestina”, agregó.

Las sanciones están especificadas desde el artículo 262 hasta el 267 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El 264 determina privación de libertad de 1 a 3 años para quien sin autorización almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento distinto. El 265 extiende la pena entre 5 y 7 años si el delito se lo comete en fronteras, puertos o mar territorial. (I)