Cerca de 20 años de haber pasado a la historia como el hombre que disparó el tiro que terminó con la vida del criminal y narcotraficante más buscado en el mundo -Pablo Escobar Gaviria-, fama que  incluso lo llevó a ocupar altos cargos públicos en Colombia, Hugo Aguilar Naranjo pasa ahora al lado oscuro de la justicia.  Una foto del 2 de diciembre de 1993 lo  ubica  en una azotea de Medellín, celebrando con el Bloque de Búsqueda la muerte de Escobar. Apenas minutos antes lo había ejecutado con un disparo en el corazón cuando el temible jefe del cartel de Medellín intentaba huir en chanclas y echando tiros con su Sig Sauer 9 milímetros por el tejado de una casa en el barrio Los Olivos de Medellín. A partir de allí, del entonces mayor de la Policía no se esperaba  más que una carrera exitosa en la institución. Como premio por el aniquilamiento de Escobar -quien había desatado una guerra terrorista contra el Estado colombiano en la que murieron cientos de inocentes-, la Policía Nacional de Colombia (PNC) lo envió a Estados Unidos a un curso de especialización. Regresó en 1995 y adquirió el grado de teniente coronel pero, de manera sorpresiva, el director de la institución, general Rosso Serrano, le pidió la renuncia. En 2001 llegó a ser diputado local en su natal Santander y, para sorpresa de muchos, en 2003 se convirtió en gobernador del pujante departamento. Todo un logro para un policía de carrera sin mayor trayectoria política. No obstante, hoy, en una historia de “héroe a villano”, se comprobó que su carrera política  estuvo permeada por acuerdos que realizó  voluntaria e intencionalmente con el Bloque Central Bolívar, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Por ello, el 14 de agosto anterior, el autor del disparo que segó la vida del narcotraficante Pablo Escobar  fue sentenciado a 9 años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de “concierto para delinquir agravado”. El coronel (retirado) Hugo Aguilar permanece desde   2011 en una celda en el pabellón de parapolíticos de la cárcel La Picota de Bogotá. Cuando fue  capturado, gritó: “Los bandidos y los corruptos siguen libres. Yo soy un hombre inocente, yo le serví a mi país y a mi departamento”. Pero a él lo delataron sus vínculos con jefes paramilitares que financiaron su campaña para gobernador de Santander (2003-2007), a cambio de lo cual él incorporó  a varios hombres allegados al comandante de las AUC, Ernesto Báez, un estrecho socio de los hermanos Castaño, quienes financiaban la guerra contra la guerrilla con fondos provenientes del narcotráfico. Báez estaba involucrado en el negocio de la droga y en decenas de crímenes atroces contra la población civil. En total, fueron 11 los testimonios que a lo largo de  un año y nueve meses de juicio le permitieron a la Corte Suprema establecer que Aguilar Naranjo se reunió con paramilitares y que hizo proselitismo político en varios municipios de Santander en compañía de estos, quienes muchas veces iban armados y vestidos de camuflado, y así asistían a eventos a los que la población acudía por presión de los ilegales. La sentencia se dio pese a que 9 exjefes paramilitares se retractaron de las acusaciones que le hicieron al político santandereano antes de que lo privaran de   libertad. La determinación, que obligará a permanecer recluido en la cárcel La Picota a Aguilar al menos otros 3 años en vista de que completa dos de estos, se basó en que la Corte dio valor al testimonio original de al menos 3 de los testigos. Por la gravedad de los hechos, por su trayectoria como integrante de la Policía Nacional y por “la intensidad del dolo que refleja” hacer pactos con los paramilitares, la Corte Suprema de Justicia lo envió a prisión sin posibilidad de detención domiciliaria y le impuso una de las multas más altas que se han ordenado a los “parapolíticos”: 6.337 millones de pesos (algo más de 3,5 millones de dólares).