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La Comisión de Justicia estudia reformas al COIP

El proyecto de ley pretende que los causantes de los accidentes sean sancionados y el hecho no quede impune.
El proyecto de ley pretende que los causantes de los accidentes sean sancionados y el hecho no quede impune.
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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado se reunirá la próxima semana para avocar conocimiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) enviado por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado. La secretaria relatora de esa comisión, Carolina Baca, indicó que espera recibir el pedido del presidente Mauro Andino para convocar a la sesión de este organismo.

Una de las reformas del proyecto señala que la persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar de los hechos, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones previstas en el COIP, sea sancionada de la siguiente manera: si hay fallecidos, pena privativa de libertad de un año, suspensión de la licencia de conducir por un año, luego de cumplida la pena, y la pérdida de 30 puntos en su licencia de conducir. Si hay lesiones, pena mínima de 40 días, pérdida de 30 puntos.

Para acoger reparos a la propuesta, la comisión citará a las autoridades de tránsito para que presenten sus observaciones.

Mariángel Muñoz, vicepresidenta del organismo legislativo, dijo que en materia de seguridad vial los gobiernos autónomos descentralizados deben asumir su rol, con campañas de capacitación e información, para proteger la vida de peatones, conductores y usuarios del transporte.

En lo referente a la protección de los niños en materia sexual, el Ejecutivo propone que los juicios prescriban en 40 años para facilitar que los procesos de investigación continúen.

Sobre la cooperación eficaz, la propuesta establece la reducción de hasta el 10% el mínimo de la pena, en caso de que el procesado colabore para identificar a los responsables o prevenir el cometimiento de otros delitos graves.

Para conocer observaciones en esta materia, la comisión convocará a los representantes de la Fiscalía, Consejo de la Judicatura y Colegios de Abogados.

En lo referente al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el proyecto determina que no pueden consumirse en las vías o espacios públicos. (I)

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