Un nuevo centro de rehabilitación social será inaugurado a inicios de noviembre de 2014 en Turi, Cuenca, provincia de Azuay. Está diseñado para albergar a 2.800 personas privadas de la libertad. Con este tercer penal se conseguirá la meta de cero hacinamiento en las cárceles del país, asegura Ledy Zúniga, quien desde hace 7 meses ejerce el cargo de ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Ella, en una visita a Guayaquil, compartió unos minutos con Diario EL TELÉGRAFO para dialogar sobre temas relacionados con los centros penitenciarios.

¿En qué se diferencia Turi de los centros regionales de Guayaquil y Cotopaxi?

En el diseño y la capacidad. Los centros de Cotopaxi y Guayas tienen espacio para 4.800 personas privadas de la libertad (PPL) y el de Turi para 2.800, entre hombres y mujeres. El diseño no es igual porque está en un espacio más pequeño. La distribución es parecida, porque tiene áreas para máxima, mediana y mínima  seguridad e igual contarán con un policlínico, área de talleres y todos los servicios.

Con este complejo penitenciario, ¿cuál será el total de las plazas en las cárceles a nivel nacional?

Tendremos alrededor de 26 mil plazas y hoy la población penitenciaria es de 25 mil. La idea es que para diciembre (2014) seamos un país de cero hacinamiento en cuanto a número de camas, pero eso no quiere decir que todos los centros estén en condiciones adecuadas. Hay que hacer una inversión para mejorar las condiciones de las viejas infraestructuras y que las PPL que ya no estén hacinadas puedan también tener acceso a procesos de rehabilitación.

¿Cuántos centros de rehabilitación social han sido clausurados?

En 2014 cerramos 5 cárceles, en 2015 cerraríamos 3 más y entre 2016 y 2017 otras 2. En total serían 925 plazas las que son inutilizables porque no se puede hacer ni la menor intervención. Todavía nos falta cerrar la de Cuenca, este año.

Si se consigue el cero hacinamiento, ¿cómo prevenir la sobrepoblación en las cárceles?

Mejoraremos las condiciones e implementaremos el sistema de brazaletes electrónicos. Eso facilitará que las PPL procesadas por delitos menores, mujeres embarazadas -que hoy están en las cárceles porque los jueces las han sentenciado- y personas con enfermedades terminales puedan cumplir sus sentencias en casa.

Eso va a disminuir los ingresos.

¿Cómo va el proceso de implementación de los brazaletes electrónicos?

Habíamos planteado que para octubre se iniciaba el proceso con  un plan piloto. Para nosotros es urgente el tema, por los arrestos domiciliarios. Por cada persona con esta medida cautelar se utilizan 3 policías, cada uno con un sueldo mensual de $ 900, casi representa un gasto diario de $ 90; y no solo es el costo, sino cómo se está perdiendo un agente que ha sido formado para otras funciones, sus conocimientos están subutilizados.

Según el COIP, ¿quiénes deberían usar este dispositivo?

Tenemos 6 obligaciones, en las que, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) debemos utilizar los brazaletes. En la protección de víctimas y testigos, por los delitos de violencia intrafamiliar, mujeres embarazadas, mayores de 65 años y con enfermedades incurables o en etapa terminal que hayan sido procesados, y personas a las que se les haya dictado medidas sustitutivas como arresto domiciliario, que tengan que ir periódicamente a presentarse ante un juez, entre otras.

En la protección de víctimas, por ejemplo, en el caso de ‘Lolo’ (acusado de abusar de un menor que falleció por sobredosis), si hubiéramos tenido los brazaletes los hubiéramos utilizado para que no se acerque. El costo diario por PPL es de aproximadamente $ 7 y con el dispositivo, en el peor de los casos, sería de $ 4.

¿A cuántos privados de la libertad se les pondrían los brazaletes?

Tenemos un proyecto establecido. Para el 2015 se implementarán entre 2.500 y 2.700 brazaletes. La idea es que 1.600 personas salgan de las cárceles y 900 o 1.000 no entren.

¿Qué medidas de control tienen para evitar el ingreso de objetos prohibidos en las cárceles?

Desde enero de este año tenemos registrados 370 operativos a nivel nacional; es decir, más de uno diario en todos los centros, para mantener el control. Esta medida de prevención se efectúa en los pabellones, en el área de la cocina y talleres, no siempre son iguales. Antes no había un sistema para evitar que no ingresen objetos prohibidos. Recuerde que en la mayoría de los centros, o por lo menos de mayor población penitenciaria, no había discrimen en que entre ropa o comida, y eso facilitaba la entrada de esos objetos al penal.

O sea que los operativos no solo se realizan en los pabellones, sino en todas las áreas.

Por supuesto, lastimosamente en los CRS fácilmente se genera corrupción, por todo lo que implica trabajar con personas que han cometido delitos graves. Y no solamente se genera por dinero, sino por otro tipo de presiones como amenazas por los presos.

¿Cuáles son los objetos que másse hallan en esos operativos?

En los 370 operativos la Policía ha  retirado de los centros casi 2.000 celulares, 2.500 armas cortopunzantes, 376 objetos contundentes, 30.000 gramos de cocaína, 629 gramos de heroína, 12.000 gramos de marihuana. Son 1.500 los guías que tenemos dentro del sistema y 2.000 gendarmes que apoyan en el proceso de seguridad de los centros. También, los uniformados ayudan en la seguridad externa; y personal de las unidades de Inteligencia, GIR y GOE ayudan en traslados cuando las PPL salen a las audiencias. Es decir, varios grupos policiales están trabajando en el sistema penitenciario y de esa forma hemos ido controlando los centros.