Un total de 830 postulantes aprobaron la etapa inicial de formación del concurso de méritos y oposición para llenar cargos de jueces y juezas en varias materias en todo el país, así lo dio a conocer el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, en la cita realizada para afinar los últimos detalles del Plan Estratégico de la Función Judicial.

Jalkh  explicó que los aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos se incorporarán, en la segunda quincena de abril, a la Función Judicial para cubrir algunas vacantes y abrir nuevas unidades judiciales.

Destacó que con la incorporación de los 830 nuevos administradores de justicia,  Ecuador alcanza una tasa de 9.5 jueces por cada 100.000 habitantes y acercarse al promedio latinoamericano que actualmente es de 11. Hasta antes de este proceso, el país apenas tenía un promedio de 4.5 jueces por cada 100.000 habitantes, lo cual lo ubicaba  entre las tasas más bajas de la región, señaló.

El Consejo de la Judicatura convocó al concurso de méritos para cubrir más de 1.200 cargos de jueces en varias áreas. Al respecto el presidente del CJ indicó que en función de las necesidades finales se impulsarán nuevos procesos de selección.

“Ecuador necesitaba nuevas judicaturas y nuevos jueces y con este proceso estamos dando pasos firmes para ofrecerle a la ciudadanía un sistema de justicia más amplio y de mejor calidad, a fin de garantizar la celeridad de los procesos y el descongestionamiento de los juzgados”, manifestó.

Durante el encuentro, el titular de la Judicatura informó que, junto con el Presidente de la República, Rafael Correa, se definió el lugar donde se edificará el Centro Judicial para la provincia de Pichincha y su capital.

El sitio está localizado en el norte de Quito, próximo a la Corte Nacional de Justicia y es de propiedad de Petroecuador. El objetivo es iniciar este año su construcción, cuya inversión será alrededor de 60 millones de dólares, indicó el titular de la Judicatura.

En este sector también está prevista la construcción del complejo judicial que comprende entre otras obras, la construcción de nuevos edificios para la Corte Nacional de Justicia, la Corte Provincial y la Corte Constitucional, donde se tratarán, principalmente, temas relacionados con la lucha contra la impunidad y la violencia intrafamiliar.