El Manual sobre Derecho Penal Ambiental y la Base Nacional de Datos de Biodiversidad le permitieron a la Fiscalía, al Ministerio del Ambiente y la Policía Nacional ejercer un mejor control de la flora y fauna del país.

La publicación del manual ambiental por la Fiscalía, en mayo último fue determinante en la búsqueda de sanciones para los depredadores de la biodiversidad y los recursos naturales. Cuatro meses después, el Ministerio del Ambiente (MAE) concretó una alianza estratégica con la Fiscalía para el acceso al registro de todas las especies biólogas presentes en el país.

“Estas herramientas marcan un precedente y evitan que delitos contra la naturaleza queden impunes”, señaló el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga Zambrano.

La Fiscalía impulsó la elaboración y publicación del manual penal ambiental para entregar una herramienta que explore los derechos de la biodiversidad, naturaleza, recursos naturales renovables y no renovables, garantizados en la Constitución y vigentes desde 2008.  

En la elaboración del texto intervino la Sea Shepherd Conservation Society, organismo que defiende la naturaleza en el mundo sin ningún ánimo de lucro. La principal misión de esta ONG es la conservación de la fauna marina.   

El manual penal ambiental combina perspectivas teóricas y prácticas de la aplicación de la jurisprudencia en casos judicializados sobre delitos ambientales. Además, analiza las leyes nacionales y su relación con los tratados internacionales en esta materia.

Silvia Castro, asesora de la Fiscalía General del Estado, en una nota de prensa de esta institución manifestó: “La obra aporta al fortalecimiento de las capacidades en Derecho Penal Ambiental, materia de constantes debates y litigación en nuestro país”.

Hugo Echeverría, experto en Derecho Ambiental de Sea Shepherd, indicó que el manual busca que los operadores de justicia puedan sustanciar sus causas para que no sean desechadas por falta de sustento  jurídico y de aplicación de derechos, tanto de la naturaleza como de quienes la habitan.

Además, la obra incluye un suplemento especial sobre la aplicación del Derecho Penal Ambiental en Galápagos, provincia que posee dos áreas naturales protegidas de fundamental importancia para Ecuador y el mundo.

Respecto a la Base Nacional de Datos de Biodiversidad, esta fue entregada por Ambiente a la Fiscalía, el 29 de septiembre de 2016, en Orellana, durante la realización del programa de capacitación especializada en delitos ambientales.

La plataforma informática contiene una ficha técnica por cada especie registrada en Ecuador. Allí consta su nombre común y científico y la categoría de vulnerabilidad, así como los tratados nacionales o internacionales que las ampara.

Esta base está alojada en el Sistema Único de Información Ambiental del MAE y los fiscales tendrán acceso directo para realizar sus consultas en línea.

La asesora de la Fiscalía, Silvia Castro, dijo que esto resolverá las inquietudes, sobre todo cuando se trata de casos flagrantes. “Antes los fiscales tenían que esperar los resultados de las pericias solicitadas a los técnicos de Ambiente”.

Dos casos

En Galápagos, la Fiscalía llevó a juicio a un ciudadano por la tenencia y transporte ilegal de 3.712 pepinos de mar. En Orellana fueron sentenciadas dos personas por cazar, con escopeta y machete, una manada de guanganas que nadaba en el río Napo. Esta es una de las especies en riesgo de extinción en la Amazonía ecuatoriana. (I)