¿Cuáles son los resultados en el trabajo realizado en juicios de alimentos?

Hemos defendido a 50 mil madres que intentaban tener una pensión alimenticia; en un mes se logró que se distribuya en pensiones a favor de menores 31’234.894 dólares. Esto representa un ejemplo de redistribución de recursos, a estas madres se les ahorró dinero, pues si alguien pagaba 100 dólares a un abogado para empezar el juicio, a la final la suma de tantos casos son millones.

¿Cuántos casos maneja cada defensor público?
En el área penal cada defensor tiene a su cargo entre 35 a 40 causas, es bastante elevado, pues la media en otros países es de 15 causas por abogado. En el área social se ha incrementado notablemente la demanda y tenemos casos en los cuales el defensor debe trabajar hasta con 400 causas, específicamente en el área de juicios de alimentos.

¿Cuáles son los aspectos que resalta de su gestión?
Resalto algunos: el primero, el incremento en el número de defensores, en 2012 contábamos con 299 abogados, actualmente tenemos 553 defensores al servicio de diferentes causas, con esto incrementamos la cartera de servicios, antes proporcionábamos únicamente asesoría en materia penal, ahora ofrecemos ayuda en temas de niñez y adolescencia, violencia intrafamiliar, pensiones alimenticias y estamos ampliando la cobertura en temas laborales. Esto también ha derivado en una ampliación en territorio, actualmente contamos con 105 puntos de atención en todo el país, nuestro objetivo hasta mediados del 2014 es tener oficinas en todos los cantones donde existan juzgados. El presupuesto asignado es de 21,8 millones de dólares.

¿Qué piensa acerca de la prisión preventiva considerada por muchos como una anticipación de una pena para un sospechoso?
Muchos criminólogos han dicho que en ningún caso debe aplicarse la medida de prisión preventiva. El momento en que se encarcela a una persona por presunciones, lo que se hace es presumir su culpabilidad y no su inocencia. No solo en Ecuador, sino en América Latina, existe un uso abusivo de la prisión preventiva, cuando el Código de Procedimiento Penal dice que debe haber sospechas muy vehementes para aplicar esta medida. El caso de los estudiantes del Central Técnico es un ejemplo de una aplicación errónea de la prisión preventiva.

¿A qué se deben estas malas aplicaciones de la ley?
El grave problema es la falta de capacitación de jueces y fiscales. Se debe considerar de mejor manera el otorgar medidas alternativas, sin embargo, se espera que con la implementación de las escuelas judiciales se entienda y se aplique de mejor manera esta herramienta.

¿Considera que el aumento en las penas disminuirá los delitos?
La modificación de penas que ya se ha aplicado en países como Colombia, Perú y Argentina no ha sido un factor determinante para la disminución de la tasa delictiva, estudios criminológicos lo señalan. Ecuador mismo es un ejemplo, tenemos las penas más altas para la tenencia y transporte de drogas: por ocho gramos de alcaloide una persona puede ir presa durante ocho años, y aún así este delito no ha disminuido. El problema es que se dedican a combatir delitos menores, lo necesario es luchar con todo en contra del narcotráfico internacional, del feminicidio, de los violadores, del sicariato, etcétera. Los mecanismos de represión no se refuerzan necesariamente incrementando las penas de los delitos.

¿Qué promedio de personas que son detenidas resulta ser inocente?
No existe una estadística real de eso; sin embargo, hasta el 2009 el 63% de las personas que ya estaban en prisión era declarado inocente, por sobreseimiento o sentencia absolutoria; solo 12,3% de personas que estaban en juicio recibía sentencia condenatoria. Tenemos casos en los que en recurso de revisión se ha declarado su inocencia luego de haber cumplido 5 años en la cárcel, y ellos están en posición de enjuiciar al Estado. Es necesario publicitar estos datos y para que estos casos no vuelvan a suceder se implementan nuevos modelos de gestión cuyo objetivo es cambiar la realidad judicial.

¿Cuáles son los retos que enfrenta la Defensoría Pública?
Uno de los retos fundamentales es la creación de un sistema nacional de Defensa Pública, con universidades, gobiernos autónomos descentralizados y entidades no gubernamentales que trabajen proporcionando defensa gratuita, lo que se hará por medio de prácticas preprofesionales. Cada año son 4 mil estudiantes que egresan y es necesario que brinden un servicio a la comunidad, porque una sociedad que no conoce sus derechos no los puede exigir.

¿Cuál es la visión del actuar delictivo para la Defensoría Pública?
Es necesario entender que el delito no sucede por las mismas causas, cada lugar muestra condiciones diferentes. Un diagnóstico realizado por la Defensoría encontró, por ejemplo, que en las provincias de Bolívar y Esmeraldas suceden más delitos sexuales, al mismo tiempo, los dos lugares concentran el índice más alto de pobreza y superan el 10% de analfabetismo. Estoy de acuerdo en que para tipificar y sancionar los delitos debe existir un análisis adecuado que visibilice cuáles son las causas de los delitos, para así combatir esas causas. La última aplicación debe ser la del Código Penal.

En ocasiones se ha dicho que la Defensoría Pública deja libres a los delincuentes...
La sociedad tiene una constante preocupación por la seguridad, hay que dejar en claro que toda persona sospechosa de algún delito merece un juicio justo. Cuando no había defensa pública los detenidos quedaban libres, debido a la caducidad de la prisión preventiva, en 24 horas. Ahora tenemos abogados en flagrancias los 7 días de la semana; antes había un 20% de caducidad de la prisión preventiva, ahora ya no hay caducidad. Y es que la percepción de seguridad no mejora solo con la presencia de más policías en la ciudad, o porque haya 22 mil privados de libertad, sino cuando existe la certeza de que no hay impunidad. La sociedad exige cada vez sanciones más fuertes a la delincuencia y por ello es necesario buscar mecanismos de prevención para el delito.

¿Qué sucede con las audiencias fallidas?
Hay alrededor de 30% de audiencias fallidas debido a la ausencia de los fiscales y no por inasistencia de los defensores públicos, y eso que nuestro personal no llega ni a la tercera parte de la Fiscalía. Además, nosotros contamos con defensores especializados para cada proceso: para flagrancias, etapas investigativas, para juzgamientos, para casos en donde existen escenas del crimen y expertos en litigación oral, etcétera. Tenemos abogados que pueden generar teorías del caso en una hora y armar un proceso de manera rápida, para evitar que las diligencias se dilaten.