La Defensoría Pública realizó 158.850 patrocinios penales el año pasado, es decir 30.801 más que en 2015,  lo que representa un incremento de 24%.

De ese total, la principal línea de atención en materia penal -el 75%- fueron: contravenciones y delitos contra la mujer, niñez y la familia (contraventores y víctimas de violencia), defensa de víctimas, adolescentes infractores, ejecución de la pena, entre otros casos; así como 19.974 asesorías y las primeras atenciones en temas penales.

Esta atención se focalizó, la mayoría, en delitos contra la propiedad; contravenciones contra la mujer y miembros del núcleo familiar con el 20% cada uno, seguido por los delitos de drogas con el 11%.

El defensor público general, Ernesto Pazmiño, destacó la creación de la Unidad de Defensa Jurídica de Víctimas, que se encarga del patrocinio de las familias o víctimas de delitos de genocidio, lesa humanidad y femicidio.

También defiende a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad sexual; víctimas de estafas masivas en el sistema financiero nacional y programas habitacionales; y, especialmente, víctimas de delitos y contravenciones contra la mujer o el núcleo familiar.

En este último tema se incluyen violencia física, sexual y sicológica, la Defensoría Pública patrocinó 22.761 casos.

De esta cifra, el 63% es de atención a víctimas frente al 37% a contraventores, en estos casos se patrocina a los acusados con la finalidad de que las causas de violencia contra las mujeres no queden en la impunidad.  

En el área social se receptaron 16.111 pedidos de patrocinio, la mayoría corresponde a demandas de alimentos y laboral.

Las provincias con mayor requerimiento de defensores públicos fueron Guayas con 3.984 solicitudes que representan el 24,73%, y Pichincha recibió 3.430, es decir el 21,29%. (I)