29 años esperó Sara para que el Registro Civil al fin la inscribiera con su verdadero apellido, ya que para evitar posibles persecuciones fue registrada con otro nombre, pues era la primogénita de Pedro Dimas Loor Vera, quien participó en 1987 junto a otros militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el secuestro del expresidente de la República, León Febres-Cordero.       

La niña tenía 5 meses cuando sucedió el hecho y los familiares la hicieron pasar como hija de otra persona, llamándola Sara Alvarado, por temor a la persecución.

Por eso cuando obtuvo la nueva cédula, el 23 de noviembre de 2015, no pudo contener las lágrimas. “Al fin tengo mi verdadero nombre” alcanzó a decir antes de que se le quebrara la voz. La Defensoría del Pueblo impulsó este caso conforme a la Ley de Reparación de Víctimas de Violación a los Derechos Humanos, que en el artículo 6, numeral 6 dice “que a los hijos e hijas de las víctimas que fueron inscritos en el Registro Civil como hijos de otras personas se les restituirá los apellidos paterno o materno”.

456 víctimas

Los derechos humanos eran una de las tareas pendientes que por décadas mantuvo el país pero que en estos últimos 5 años han experimentado un progreso sustancial con la conformación de la Comisión de la Verdad, que en 2010 documentó la existencia de 456 víctimas que sufrieron una serie de ataques por  aparatos estatales que incluían delitos como tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales.  

Este informe aglutinó en más de 3.000 páginas hechos ocurridos entre 1984 y 2008 en el país, lo que desembocó en la conformación de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía en el 2012, y recibió de la Comisión de la Verdad del Ejecutivo 136 casos, de los cuales hasta el momento se han judicializado 8.          

La Asamblea Nacional, en diciembre de 2013, aprobó la Ley de víctimas y reglamentó el derecho que tenían los ciudadanos que padecieron esta clase de vulneraciones a ser reparados integralmente. Incluso el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que entró en vigencia en agosto de 2014, incorporó por primera vez en la historia de la legislación penal del Ecuador un capítulo referente a las graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario que tipifica 12 faltas que incluyen los delitos de lesa humanidad.  

Lesa humanidad sin sentencia

Esto permitió que 9 exmilitares y un excomandante de policía por primera vez en la historia del Ecuador fueran llamados a juicio por supuestos delitos de lesa humanidad instrumentados en los tipos penales  de tortura, violencia sexual y desaparición forzada cometidos en 1985 en contra de Susana Cajas, Javier Jarrín y Luis Vaca.   

Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, dijo que lo importante de este caso es que se ha demostrado que existió un tiempo en que funcionarios de entidades estatales montaron un aparato represivo que violó sistemáticamente los derechos humanos, “esto es una realidad y ahora los jueces deberán juzgar estos hechos para evitar la impunidad”.    

Sin embargo, el caso de lesa humanidad se ha extendido por más de 2 años desde que empezó  su judicialización en octubre de 2013 y aún el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia designado no emite fecha para la audiencia de juicio.

Caso ‘González y otros’

El funcionario también se refirió a otros 8 casos de violaciones a los derechos humanos que han sido judicializados, la mayoría de los cuales ya obtuvo una sentencia  como el caso ‘González y otros’.

En este proceso hasta el momento 7 expolicías están sentenciados porque cometieron ejecuciones extrajudiciales durante un presunto operativo para impedir un asalto dentro de una farmacia del norte de Guayaquil en 2003, en el que fueron baleadas  8 personas, entre ellas un empleado del negocio y un cliente que compraba pañales.

Según la Fiscalía la importancia de este hecho radica en que los policías sindicados  ya fueron sometidos a un proceso judicial en una corte policial que los declaró inocentes, lo cual constituyó un caso de “cosa juzgada fraudulenta”.

Jaramillo destacó que ahora la víctima de este tipo de hechos es reparada integralmente, lo que incluye una indemnización justa.

En el caso Arce, la Fiscalía consiguió que un teniente del ejército sea hallado culpable por cometer delito de odio, ya que como instructor de la Escuela de Oficiales del Ejército sometió a un joven cadete de raza negra a tratos discriminatorios por su condición racial, lo cual le empujó a pedir la baja voluntaria.

Estas sentencias eran impensables hasta hace poco, reconoció Jaramillo, lo que constituye un cambio de época en el país.

“Falta mucho por hacer, tenemos 136 casos en la Comisión que siguen en indagación previa, pero estamos avanzando”.

El catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco, Farid Simon, reconoció que el país ha evolucionado en lo que se refiere al tema del respeto a los derechos humanos.

Es una obligación  del Estado investigar los casos de graves violaciones a los derechos humanos para encontrar a los responsables y que sean sancionados de acuerdo con la ley, además de reparar integralmente a las víctimas.  

Simon aclaró que en este tipo de casos  se juzgan las acciones de determinadas personas o funcionarios. “La Comisión de la Verdad ha dejado en claro que existió un contexto en una época identificada claramente donde se violaban los derechos humanos, esto es indudable”.

Hay personas que tratan de justificar esos hechos diciendo que se combatía un supuesto “terrorismo”,  pero eso no justifica que los derechos humanos hayan sido violentados. Todos tienen derecho al debido proceso. (I)