Para el cambio de la Función Judicial y el sistema de administración de justicia es indispensable avanzar hacia la definición de estrategias de política pública.

Un tema relevante es la consolidación de un modelo de coordinación interinstitucional entre   las entidades que conforman la Función Judicial, pero también con otros órganos del servicio público. Una muestra de nuestro atraso en este tema es la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de promover la política criminal, las que dictan sentencia y aquellas que les corresponde implementarlas. Todas las políticas que conciernen al sector justicia deben ser políticas intersectoriales, que tampoco se agotan en los esfuerzos de los organismos de la Función Judicial, sino que atañen a otras funciones y entidades públicas. Por ejemplo, en el caso de las políticas de control y prevención de la delincuencia organizada, no solamente es responsabilidad de una Función del Estado en sus capacidades de rectoría y ejecución, sino de aquellas que procesan las necesidades sociales como consecuencia del fenómeno criminal.

Las políticas de la Función Judicial deben estar conexas a otros organismos del sector justiciaEn esa perspectiva, la política pública también debe rescatar las fuentes doctrinarias e ideológicas de la Sociología del Derecho para sustentar las estrategias e instrumentos de esa política. Cuando sugerimos estrategias para política de rehabilitación y reinserción social lo hacemos con miras a definir una política criminal pública, en cuyo caso el órgano encargado de formularla e implementarla en nuestro país es el Ministerio de Justicia, que debe hacerlo en coordinación con la producción de información que le competen a otras instituciones en relación a temas como sistemas de información de criminalidad en aspectos como denuncias y detenciones; los indicadores policiales y de seguridad y las mediciones realizadas sobre violencia y criminalidad.

En otras palabras, para la producción de políticas públicas es indispensable la intervención intersectorial de instituciones que pertenecen a diferentes funciones del Estado, para desarrollar y complementar los contenidos de información en diagnósticos, responsabilidades, logros identificados y estadísticas que definen esas políticas, todo esto permitiría entender los vínculos contractuales funcionalistas y estructuralistas que pone en vigencia el Derecho Penal de carácter reparador a la hora de su correcta utilización.  

También es imprescindible que nuestras políticas relativas a derechos de justicia puedan fundamentarse y construirse a partir de información que evidencie las tendencias nacionales y locales sobre crimen organizado, sistemas penitenciarios, derechos humanos, organización institucional; pero todo eso pensado con la revisión de experiencias similares y de datos disponibles sobre esos indicadores en el contexto regional.

Las políticas  de la Función Judicial deben estar conexas a otros organismos del sector justiciaTodos estos elementos nos deben obligar a analizar las condiciones en que construimos y producimos la información en las entidades públicas. Para un oportuno y adecuado diseño de las políticas, conviene revisar y preparar mejor la información que utilizamos. Por ello, nos corresponde trabajar en qué áreas y bajo qué responsabilidades se generan los datos en las instituciones, cómo son las metodologías, con qué periodicidad se realiza el procesamiento y verificación, cómo está pensado el acceso a la información, qué medios existen y si estamos haciendo las lecturas más idóneas sobre los datos e información que nos proporcionan las instituciones del sector judicial y de aquellas relacionadas con las competencias de la Función Jurisdiccional.  

Tenemos escasos avances en lo que ha sido la elaboración de sistemas de información sobre las políticas y condiciones de la administración de justicia en el país. El reto está en consolidar, al menos, tres parámetros clave para su formación. El primero, tiene que ver con la producción de la información, lo cual pasa por saber capacitar a nuestros servidores y servidores judiciales en la elaboración de diagnósticos y en esquemas de evaluación sobre las políticas y estados actuales de organización institucional. El segundo, se refiere a los canales que nos permitan transparentar la información y en eso el paso esencial pasa por avanzar hacia una rendición de cuentas para la sociedad, no por cumplir anualmente un informe de labores. El tercero, residiría en las posibilidades de extraer y revisar lo más destacado de experiencias comparadas en otros países sobre modernización judicial.

Si no mejoramos las coordinaciones al interior y exterior de la Función Judicial con instrumentos efectivos que generen apoyos e intervenciones útiles de las entidades, no lograremos cambiar las políticas relativas a la justicia.

De igual manera, mientras no mejoremos la calidad de la información y la responsabilidad de generar aquella que pueda ser más relevante para definir los instrumentos de política pública, no daremos pasos cuantitativos para transformar la administración de justicia y sus objetivos. Dos estrategias urgentes: la coordinación intersectorial e interinstitucional; y, generación de la información.