Las prácticas profesionales de las y los abogados en el uso de los servicios judiciales han incidido –y ciertamente han condicionado- los cambios del sector justicia.                      

Si logramos desarrollar aspectos relacionados con la calidad y excelencia en la prestación de servicios, así como una mayor profesionalización y tecnificación de las y los servidores judiciales, pero algunos profesionales externos a la Función Jurisdiccional mantienen costumbres y actitudes que distorsionan, manipulan y deforman el uso del Derecho, no avanzaremos mucho.   

El CJ podría formular manuales de buenas prácticas en los operadores jurídicos externosHay un problema central que la modernización del sector debe considerar con atención: la indeterminación de la profesión y carrera judicial merece análisis multisectoriales para crear condiciones necesarias de cómo pueden fortalecer la atención y respuesta sobre las exigencias de las y los abogados externos, pero también es oportuno buscar  alternativas que permitan definir con claridad unas reglas mínimas para el mejoramiento en la conducta de estos profesionales, que si bien deben someterse a las normas procesales, existen ciertos sectores que no siempre son capaces de transparentar su actuación frente a sus pretensiones y los medios en que las consiguen durante los procesos.

El Código Orgánico de la Función Judicial (FJ) ya establece algunas regulaciones al ejercicio profesional, sin embargo, el gran reto está en construir mecanismos deliberativos y ciudadanos que permitan un real compromiso de las y los abogados para transformar la administración de justicia. Convendría impulsar un pacto social-profesional que contenga una agenda ética básica de responsabilidades que se obligan a cumplir durante su intervención en las causas asumidas.          

A esta iniciativa también se debe complementar algunas actividades de consultas generales sobre las recomendaciones que puedan sugerir las y los abogados hacia los organismos competentes de la FJ, siendo las redes sociales informáticas una herramienta a tener presente. Es oportuno también que el Consejo de la Judicatura pueda formular con los gremios profesionales un grupo de manuales de buenas prácticas para los operadores jurídicos externos, ojalá pueda ser en cada materia jurídica.       

Se deben definir reglas mínimas para la conducta de
los abogados y
las abogadasHay un aspecto adicional para el análisis, y tiene que ver con la implementación de mecanismos tecnológicos e informáticos en la FJ, como otro medio para mejorar la actuación profesional de los operadores jurídicos externos. Por ejemplo, en el momento en que se crean opciones como la presentación de escritos mediante formatos electrónicos –sin necesidad de ir a dejar a los juzgados-, estaremos ofreciendo beneficios para las y los abogados.

Otro ejemplo, en algunas judicaturas que carecen de congestión procesal, podría ya experimentarse el levantamiento de expedientes judiciales electrónicos para los nuevos procesos con la finalidad de que en el largo plazo lleguemos a cero papeles en los procesos.

Finalmente, el procesamiento de las quejas contra cualquiera de los servidores judiciales merece mayor agilidad en la respuesta, así como transparentar más toda la información al respecto.

Es trascendental, entonces, involucrar a los operadores jurídicos externos en la reforma judicial. Sin ellos, no serán sostenibles los cambios que se implementen.