La Comisión Ocasional Aampetra no pudo sesionar la mañana de este jueves por falta de quorum, por lo que los cuatro asambleístas presentes (de 9 que conforman esta instancia) no pudieron conocer y aprobar el informe sobre la investigación respecto al abuso sexual a niños.

Sin embargo, los miembros de esta mesa legislativa recibieron en comisión general a la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, para conocer su criterio sobre la violencia sexual a menores.

En este espacio, la ministra se refirió a la importancia que tiene el planteamiento de reformas al Código de la Niñez.

Reiteró que desde la Asamblea y desde todas las instituciones públicas del país hay una gran responsabilidad por tratarse de una "misión enorme". Por ello, señaló que las reformas tienen que tratarse con "minuciosidad y sin prisa".

La secretaria de la cartera de Estado cuestionó el "silencio extremo" que existe con relación a la violencia contra los menores e incluso dijo que “estos abusos han sido considerados algo normal”.

La ministra añadió que es importante atender a las víctimas de agresiones sexuales, ya que requieren de atención psicológica especializada. “Las víctimas de abusos tienen afectaciones a largo plazo”, reiteró.

En esa línea, la asambleísta Norma Vallejo sugirió que se analice la posibilidad de que los profesionales especializados en atender víctimas de abusos pasen a depender directamente del MIES, ya que de esta forma bajarían los costos del servicio.

La presidenta de la Comisión, en cambio, destacó la importancia de que todos los órganos y la sociedad en general cooperen para evitar que se repitan estos hechos. “Es la gran oportunidad para ir conectando la familia, sociedad, instituciones públicas y los GAD”, expresó.

La Comisión tiene la misión de investigar los casos de abuso sexual en escuelas y colegios. Fue creada luego de que se conociera el caso de un profesor del colegio Aampetra que abusó sexual y psicológicamente de 41 estudiantes entre 2010 y 2011.

Con el informe se espera conocer si la Comisión considera que hay vacíos en las normativas e identificar las reformas legales necesarias para evitar nuevos casos de agresiones sexuales en las instituciones educativas. (I)