Christian tiene su cuerpo manchado de pintura verde. Con rodillo en mano pinta su casa de 2 plantas, la que hace 2 años abandonó por la presencia de microtraficantes en el barrio donde se crió: el callejón Décima y 10 de Agosto, junto al estero Salado, en el suburbio de Guayaquil.

El joven tiene 3 hijos menores de edad y fueron su razón para dejar su casa, pues no quería que se conviertan en consumidores. Hace unos 15 días regresó tras enterarse de que la zona era intervenida y que agentes la custodiaban. Al llegar se sorprendió, vio que en la esquina había una unidad móvil de Policía Comunitaria, y el asombro aumentó cuando observó a algunos niños jugando en la calle. Eso no era posible hace mucho tiempo.

En su casa, durante los 2 años anteriores, hubo alrededor de 10 operativos y siempre encontraban alijo. Narra que las personas que alquilaron la planta baja se adueñaron también del primer piso y por el temor no pudieron hacer nada. “Es un alivio recuperar mi vivienda. Ellos huyeron cuando el barrio se lo tomó la Policía”.

El hombre remoja de nuevo el esponjoso rodillo en la pintura esmaltada y viendo desde el balcón recuerda que cuando era un adolescente salía a jugar tranquilo, cuando las casas eran de caña y la calle era de lodo.

Le emociona que los vecinos se sumen a la mejora del sector, pero para él falta algo muy importante para el cambio: que las personas dejen de llamarlo ‘La Bahía de la droga’. “Eso denigra a las buenas personas que vivimos aquí, afecta a nuestros hijos”.

En el callejón hay un pasillo de 3 metros que conduce a un área cerrada donde hay 10 inmuebles. Las paredes del zaguán aún tienen la huella de lo vivido, rayones con alias se destacan entre otros grafitis indescifrables.

Víctor García y María Pérez viven al final del pasadizo. Coinciden en que ya no quieren que relacionen su barrio con el microtráfico. “La  otra vez cogí un taxi y cuando le dije la dirección al taxista, me dijo: Usted vive en ‘La Bahía de la droga’. Ya no quiero que eso pase, eso ya es pasado”, enfatiza María. Víctor asiente con la cabeza y anhela que el cambio sea permanente. “Falta que ubiquen luminarias en este zaguán. En la noche es tenebroso”, revela.

“Aquí había peleas, indigentes en el piso, personas drogándose a toda hora, entrada y salida de personas desconocidas”, expresa otro morador.

Más de 30 personas participan en la minga comunitaria que incluye pintar las casas; una veintena de agentes con camisetas y calentadores azules los ayudan. “No hemos descuidado ningún punto de la ciudad. Los uniformados que están aquí pertenecen a un grupo de reacción que están dispuestos para las emergencias”, explica Rodrigo Garcés, jefe del Distrito 9 de Octubre. Añade que el objetivo es que las familias puedan disfrutar de los espacios públicos.

El ambiente se asemeja a un domingo familiar. Todos afuera de sus casas barren, pintan, limpian; mientras los niños andan en bicicleta, los más pequeños juegan con sus carritos de colores, otros se divierten con pelotas improvisadas y hay unos que dejan todo por meter sus manos en los tarros con pintura.

‘Lucía’ va a salir del callejón. Lleva a una bebé en un coche de colores y es revisada por una mujer policía. La joven está acostumbrada a las nuevas medidas de seguridad y se manifiesta de acuerdo. Javier Egas, jefe del circuito Garay y encargado de los controles en la zona, informa que durante los últimos días han sido detenidas 17 personas que intentaban ingresar, sacar o vender paquetes con sustancias estupefacientes en el callejón o en calles aledañas.

“Los controles se hacen hasta 10 cuadras a la redonda para evitar el consumo o expendio. No podemos tildar de microtraficantes a todas las personas que viven aquí, pero un gran número de familias eran expendedoras. Tres familias salieron con todo el menaje de casa a vivir a otros lados y hay otras que retornaron a vivir acá. Hay el caso de una señora que recuperó su casa luego de que quienes alquilaron su domicilio se dedicaron al microtráfico y no le pagaban por el alquiler”. (I)