La evaluación de servidores judiciales es un proceso que merece varias observaciones, pero lo más importante para lograr un cambio que profundice la independencia de la administración de justicia está en cambiar el modelo en cuanto a la institución encargada de realizar todo ese proceso.

Un elemento que se propuso en este espacio es la necesidad de concebir a las evaluaciones como un medio de acompañamiento para mejorar y fortalecer el desempeño de los servidores y superar esa visión inquisitiva de creer que únicamente la evaluación puede ser utilizada para establecer la permanencia o separación de funcionarios en la Función Judicial. Varios aspectos metodológicos y procedimentales de la evaluación han sido discutidos en esta columna en otras ocasiones, pero esta vez quiero enfatizar en las razones para cambiar el modelo vigente en cuanto a la institución que actualmente lo hace.

La Constitución de la República define como una de las atribuciones del Consejo de la Judicatura la evaluación de los servidores judiciales, sin embargo, también establece otras, como los procesos de selección, ascensos, sanción, la administración de la carrera, gestionar las escuelas de formación, entre otras. Todas esas atribuciones, cada una con serias y trascendentales responsabilidades, están concentradas en una sola entidad, lo cual tampoco es una garantía de que todos esos procesos cuenten con suficiente objetividad, imparcialidad, equilibrio y lo más importante: independencia técnica, administrativa y política  -tanto interna como externa-.

Es oportuno citar el caso del modelo de evaluación que funciona en el país para las instituciones de educación superior (IES). La entidad encargada de evaluarlas (Ceaaces), únicamente se dedica a esa función, conjuntamente con la acreditación; mientras que existe otro organismo que es el encargado de establecer procesos de aprobación, regulación y sanción para las IES (CES). En este caso, existe una separación clara entre atribuciones y órganos que permiten que la entidad que ha establecido la sanción o ha iniciado un proceso de investigación no sea el mismo que después va a evaluar a esa institución, o sus carreras y programas. Este modelo debería ser replicado por la administración jurisdiccional si realmente queremos cambiar la justicia.

La reforma debería estar enfocada a que el Consejo de la Judicatura (CJ) pierda la atribución constitucional de ejecutar los procesos de evaluación, y que esta pase a ser realizada por un órgano distinto y autónomo del CJ, que si bien podría ser parte de la Función Judicial, únicamente estaría sujeto al control político y fiscalización de la Asamblea Nacional. La conformación de este organismo debería ser mediante colegios electorales de las escuelas y facultades de derecho del país, una vez que hayan cumplido con un conjunto de requisitos técnicos y académicos que permitan su postulación.

El propósito de la reforma sería que el CJ se encargue de la organización administrativa, reforma judicial y régimen disciplinario de la FJ, mientras que existiría otro organismo encargado de diseñar, organizar y ejecutar la evaluación de las y los servidores judiciales.
Es un despropósito que el CJ asuma todas las facultades para el funcionamiento del sistema de justicia, cuando muchas de estas pueden generar conflictos en su naturaleza, incluso habría que discutir aún si el modelo actual del CJ de cumplir con todas las atribuciones que le han sido encomendadas constituye un conflicto de intereses en la medida en que el organismo que procesa las quejas o las denuncias contra servidores y establece sus sanciones, es el mismo que va a evaluar en función de esos expedientes administrativos disciplinarios generados por la misma entidad.
Si queremos dar un salto cualitativo en materia de independencia judicial, debemos impulsar una reforma constitucional y legal que permita que el CJ no tenga la atribución de evaluar a las y los servidores judiciales.
Debemos impulsar una reforma constitucional y legal que permita que el CJ no evalúe a los judiciales.