En 33 países del mundo se impone la pena de muerte sobre los ‘poseedores’ o ‘tenedores’ de drogas de uso ilícito bajo el lema de estar alentando el tráfico. A ello se suma que la mayoría de presos en las cárceles está por delitos relacionados con drogas, como piezas sustituibles de fácil reposición en las calles y el mercado. Esta realidad es alertada por la Defensoría Pública de Ecuador, en el que se instó a repensar la efectividad de la guerra contra las drogas.

El titular, Ernesto Pazmiño, acudió a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, que inició, la mañana de ayer, en Nueva York. Justo con el tema de la aplicación de la pena de muerte se abrió el debate en la cumbre internacional. Hasta el mediodía de ayer Costa Rica, Uruguay, Brasil, Noruega, la Unión Europea y Suiza pidieron una moratoria en la aplicación de la pena de muerte por posesión de drogas a los países que la imponen.

Laura Rojas, senadora de México, Anticorrupción, Transparencia, Rendición de Cuentas y Política Exterior, indicó a través de su cuenta de Twitter, que Rusia, Indonesia, China, Singapur, Sudán y otros, defienden la pena de muerte como derecho autónomo de los estados. El delegado de Jamaica sostuvo que la política de drogas se debe abordar según las necesidades de cada país, ya que no existe una sola realidad.

Enrique Peña Nieto, primer mandatario de México, destacó que la guerra contra las drogas no ha logrado sus resultados y lamentó las implicaciones del prohibicionismo y propuso una cooperación internacional más intensa y efectiva.

El debate gira en torno a reconocer que el modelo prohibicionista de los últimos 50 años no ha dado resultado y que el problema mundial de las drogas debe ser tratado no solo desde una perspectiva de control, según la Secretaría Técnica de Drogas (Seted) de Ecuador. Es así que el país plantea que la política de drogas debe buscar un equilibrio a través de la atención en salud, prevención y seguridad.

En la arena internacional hay temas controversiales que están relacionados con la problemática de las drogas: la pena de muerte por delitos cometidos por drogas, la descriminalización del consumo, la proporcionalidad de las penas por tráfico y producción a menor escala, las políticas de reducción del daño y la condición de vulnerabilidad de ciertos grupos en el marco del abordaje de este problema.

Ernesto Pazmiño, en entrevistas anteriores, manifestó que “la guerra contra los estupefacientes ha propiciado estrategias que no han reducido el consumo, ni la producción, sino todo lo contrario”.

Consideró que el país al estar libre de cultivos ilícitos se podría asumir el control del mercado de la marihuana. “Tenemos experiencias cercanas como Uruguay que, desde el Gobierno, regula la producción y comercialización del cannabis, y de Colombia, que aprobó la hierba para uso medicinal. Esto es una alternativa que deberíamos discutir como una propuesta sólida”.

El funcionario considera que esto eliminaría la violencia que genera el tráfico y el microtráfico, y los esfuerzos estatales se centrarían en el ámbito de recuperación de la salud de los consumidores.

Tema en discusión en Perú

El precio de la hoja de coca en el mayor valle de producción en Perú cayó a la mitad, tras la activación de una ley que permite interceptar y hasta derribar avionetas del narcotráfico, dijo a la AFP el zar antidrogas peruano.

“La caída del precio de la coca tiene una explicación: la interdicción aérea ha sido altamente disuasiva, la impunidad de las ‘narcoavionetas’ se acabó”, consideró Alberto Otárola, jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), en entrevista con la AFP.

Explicó que por primera vez en 15 años el precio de la hoja de coca, insumo clave para elaborar cocaína, cayó de $ 50 la arroba (unos 11,3 kg) a $ 26. El número de vuelos desviados aún se maneja bajo reserva. Tampoco hay información sobre derribos de naves. “Hemos cortado las venas de provisión de dinero y de vuelos ilegales, perjudicando la cadena ilegal de producción. Es un paso histórico que se ve reflejado en una baja de la demanda de coca”, consideró Otárola, quien participa desde el pasado lunes en Estados Unidos de una sesión especial antidrogas convocada por las Naciones Unidas (Ungass).

En el mayor productor mundial de cocaína, las avionetas del narcotráfico realizaban hasta diciembre en promedio 4 vuelos diarios en el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), la mayor franja cocalera de Perú, zona en la que también se cobijan los remanentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.

El punto de acceso era la frontera con Bolivia, con capacidad para cargar 150 kg de cocaína por viaje y llevar $ 500.000 en dinero líquido, según las autoridades. En 2015, el Congreso peruano aprobó una ley que permite interceptar en el aire las ‘narcoavionetas’, incluso derribarlas si no acatan las órdenes de aterrizar. Tras su reglamentación, la norma se aplicó desde enero de 2016.

La medida implica la reanudación unilateral de una estrategia aérea de lucha contra el narcotráfico que Perú aplicaba en cooperación con Estados Unidos en la década de 1990. Perú había suspendido la interceptación de vuelos en 2001, cuando un avión caza peruano derribó por error una avioneta con misioneros estadounidenses y murieron dos personas.

En la cumbre Ungass, Perú defenderá una estrategia integral de combate al narcotráfico, que ataque también el lavado de activos y ofrezca cultivos alternativos a los productores de hoja de coca. En Perú se mueven anualmente unos $ 8.500 millones provenientes del narcotráfico, según la Procuraduría Antidrogas. (I)