Alberto J. regresó a la casa donde, supuestamente, asesinó a su esposa y sus cuatro hijos, de entre 3 y 12 años, 21 días después del crimen. El hombre, de 37 años, caminaba despacio y en silencio por el callejón que conduce a su vivienda, escoltado por agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional. Vestía un buzo a rayas y un calentador azul eléctrico.

Su mirada era perdida y mientras esperaba que abrieran la vivienda arrimó su cabeza a las rejas de la ventana desde donde se veía el escenario del crimen. Nada era igual ahí dentro, todo estaba limpio, pero eso no dificultó la investigación, pues las evidencias fueron fotografiadas, recogidas y analizadas por los peritos de Inspección Ocular Técnica del Departamento de Criminalística y Ciencias Forenses.

Un familiar tenía las llaves del domicilio donde vivió la parentela, pero los candados de la puerta se volvieron imposibles de abrir, así que los gendarmes usaron una pata de cabra y unos cuantos puntapiés para ingresar. Esta situación retrasó la diligencia convocada para las 05:30 de ayer y que se prolongó unos 30 minutos porque hubo demoras para sacar al sospechoso del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En la casa de salud, Alberto estuvo internado desde el pasado 29 de noviembre, pues después del crimen intentó quemar la casa y quitarse la vida, cortándose el cuello e hiriéndose en varias partes del cuerpo.

Los bomberos fueron quienes lo encontraron tras la alerta que dieron los vecinos de que salía humo de la casa ubicada en la cooperativa Mélida Toral, en Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.  

El día comenzaba a aclarar cuando bajaron del patrullero a Alberto. Minutos antes de su llegada, a las 05:30, sus padres y otra pariente se ubicaron atrás de un vehículo para orar. Luego, evidentemente ansiosos, veían cómo los agentes cercaban el callejón con cintas amarillas en las que se leía ‘Prohibido el paso’.

La diligencia empezó aproximadamente a las 06:10. Los habitantes del sector querían observar el dramatizado dentro de la vivienda, pero fue imposible. Los policías controlaban que nadie cruzara el cerco de seguridad.

Los peritos usaron un bebé de juguete, una muñeca y peluches para que ocuparan el lugar de los niños que fallecieron esa madrugada. También llevaron dos colchones para completar la escena.

De la recreación a la cárcel

Dos horas después el domicilio nuevamente quedó vacío. Alberto fue sacado del callejón entre el llanto de sus familiares y el clamor de justicia de los vecinos. El individuo ya no regresó al hospital, sino que fue trasladado a un centro de rehabilitación social (CRS), informó Blanca Noblecilla, fiscal encargada de la investigación.

“El señor colaboró y dio toda la información de cómo sucedieron los hechos, relató cada una de las escenas. Ha estado cuerdo, no es una persona demente. Tuvo una actitud pacífica, explicó todo, hasta cómo incendió la vivienda. No tenía ninguna laguna mental, descartada esa situación. Estuvo consciente”.

La funcionaria informó que el 30 de diciembre culminará la etapa de instrucción fiscal y que la fecha para la audiencia preparatoria de juicio y formulación de dictamen se conocería al menos 10 días después. “El delito que se investiga es de asesinato y la pena máxima a la que se puede llegar es de 40 años. Eso es lo que pedirá la Fiscalía”.

Los parientes de las dos víctimas no se refirieron al tema, pero sí sus abogados.  Jaqueline Veira, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) y representante de las víctimas, manifestó: “Hechos como estos no se pueden repetir. Tiene que comprobarse si realmente el sospechoso tiene trastornos mentales, porque es fácil ir por la vida realizando actos y luego justificarse”.

Vicente Proaño, abogado de Alberto J., se mantuvo en que su defendido tiene problemas psicológicos y reveló que -supuestamente- un día antes del crimen, desesperado, pidió ayuda en un hospital porque escuchaba voces que lo instaban a matar. “Él es una persona con problemas mentales, necesita ayuda y el Estado está en la obligación de atender. No estamos diciendo que no responda por lo que hizo, pero debe ser en derecho. En este momento no debería ser llevado a la cárcel. Él se recuperó de las heridas físicas, pero no de las del alma y el cerebro”. El penalista aseveró que Alberto no es el único miembro de la familia que tiene conflictos mentales.

Alberto escuchaba voces

El pasado 12 de diciembre, el presunto autor del quíntuple crimen declaró ante la fiscal Noblecilla: “Días antes (del crimen) no podía dormir. Caminaba, me sentaba otra vez y no paraba. Me quise suicidar en algunas ocasiones. Escuchaba una voz en mi mente que decía que lo hiciera, que matara, pero no lo hacía”.

Añadió que aquella madrugada se levantó. “Quería matarme y luego recuerdo una voz que decía que todos estaban muertos. Escuché golpes, después sirenas”. (I)