Con una mezcla de indignación y pesar, por la falta de solidaridad y justicia de ciertas personas, escribo estas líneas con el fin de que se tome conciencia tanto desde el lado de la ciudadanía como de las compañías inmobiliarias, de la necesidad de contar con reglas claras de juego cuando se compra un inmueble.

Es que la publicidad que promociona a ciertas empresas inmobiliarias para captar clientes es a veces engañosa, de tal suerte que lleva a ojos cerrados al ciudadano a la compra del inmueble, sin prever resguardos legales ante los conocidos y frecuentes atrasos e incumplimientos de ciertas inmobiliarias, esto sin dejar de mencionar que algunas de ellas toman decisiones unilaterales, tales como terminaciones, cambios de ubicación o incluso de condiciones o especificaciones técnicas o decorativas del inmueble que llegamos a adquirir con tanto esfuerzo.

¿Qué debe hacer el ciudadano ante estas circunstancias? Yo recomiendo -previo a firmar y consecuentemente adquirir más allá de derechos, obligaciones por medio del ‘famoso contrato de reserva de inmueble’- buscar la asesoría de un profesional del derecho que conjuntamente con el interesado revise los términos y condiciones en los que se somete el comprador, de este modo podremos asegurarnos de -al menos- no ser presas fáciles de algunas inmobiliarias o promotoras que sin reparo alguno han demostrado a lo largo del tiempo su ánimo de abusar del comprador ‘más necesitado’.  Por eso mi indignación, porque los afectados son mayoritariamente la gente sencilla de nuestro pueblo que sueña con tener casa propia, y mi pesar al ver que ponen los intereses económicos sobre el bienestar del ser humano, que con sacrificio accede a su sueño.

Evidentemente, el profesional del derecho que con nosotros revise los documentos de ‘reserva’ no podrá garantizar la seriedad de la promotora o inmobiliaria, sin embargo, su asesoría será valiosa en el momento en que una de estas compañías vendedoras pretenda abusar de sus clientes.

En estos casos se debe acudir ante la Defensoría del Pueblo para que en proceso abreviado se conmine a la vendedora al cumplimiento de sus obligaciones.

Claro está, existe siempre la vía judicial civil para exigir el cumplimiento de este tipo de contratos, e incluso la judicial penal para perseguir el abuso de confianza y demás delitos en que suelen incurrir estas promotoras; sin embargo, por la celeridad con que se debe accionar en este tipo de eventos, recomiendo como acto previo acudir ante el Defensor del Pueblo, quien en caso de que la vendedora persista en su incumplimiento, se encargará de judicializar el tema, en la brevedad que cada conflicto amerita.

Siempre el desarrollo de actividades comerciales, profesionales o en particular el crecimiento económico o patrimonial de una persona o grupo de personas creará relaciones interpersonales en que por lo general una de las partes queda más expuesta que la otra, por ello la importancia de reducir el riesgo de exposición y previo a cada acto buscar la asesoría de un abogado de nuestra confianza que nos guíe en el mundo jurídico de los contratos.

El abogado debe ser considerado su amigo, una persona que de manera leal buscará siempre la defensa de sus derechos e intereses. Es necesario que todos contemos con uno para que más allá de solucionar nuestros conflictos sea una guía que adopte en nuestro nombre mecanismos de prevención de conflictos, y que en caso de que estos deban presentarse, ya se encuentren expeditas las vías y herramientas para protegernos.

¡Juntos somos invencibles!