Un nuevo complejo judicial con Unidad de Flagrancia será inaugurado mañana en el cantón Durán, en Guayas. Luis Rada, director provincial del Consejo de la Judicatura, detalló que en la estructura se han implementado 8 salas de audiencia con 4 accesos diferenciados para jueces, personas detenidas, víctimas y testigos y usuarios en general. Cinco jueces penales, 4 jueces de familia, 2 de violencia intrafamiliar y 2 para el área civil; además de secretarios y ayudantes han sido destinados a este nuevo centro.

“Entre las novedades que podemos destacar es que las salas de audiencia tienen equipos de videoconferencia para que las personas privadas de libertad (PPL) no tengan que ser trasladadas desde los centros de rehabilitación social (CRS) hasta las unidades judiciales. Esto evita riesgos de fuga. Además, cuentan con equipo de audio y video para que todas las diligencias sean grabadas”, destacó Rada.

También se cuenta con cámara de Gesell para que los ciudadanos afectados por delitos puedan reconocer a los sospechosos sin que ellos puedan identificarlos, ya que esta es una habitación con un vidrio de visión unilateral.

Rada resaltó que en la nueva unidad se trabajará coordinadamente con varias instituciones. Por ejemplo, con la Fiscalía General del Estado que asignó a 2 fiscales para actuaciones en delitos flagrantes. Igualmente con el personal del Ministerio de Justicia, ya que se han construido celdas de aseguramiento transitorio para los capturados.

“También habrá funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) que realizarán las valoraciones médicas de los aprehendidos. El Ministerio del Interior apoya con policías de Servicio Urbano, del Departamento de Violencia Intrafamiliar, Dinapen, entre otras unidades. En el sitio también estarán trabajadores de la Defensoría Pública, agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), entre otros”. Lo invertido en este nuevo complejo asciende a $ 5’997.000.

Rada explicó que seguirá funcionando el otro edificio de la Fiscalía, ubicado cerca de la estación del ferrocarril, en el mismo cantón. Concluyó anunciando que un espacio similar se está construyendo en el cantón El Empalme (Guayas).

Más salas de audiencia en Ecuador

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), precisó que en Ecuador se necesitan 800 salas de audiencias “para estar preparados para el sistema procesal oral que entra en vigencia en mayo con el Código General de Procesos (Cogep). Hasta ahora tenemos 750 salas implementadas y las restantes estarán listas para ese mes”. Manifestó que los funcionarios están siendo capacitados en estos nuevos sistemas y para eso se destinó $ 1 millón el año anterior.

Agregó que para 2016 el Consejo de la Judicatura tiene prevista una inversión de $ 92 millones. “Esto nos asegura algo muy importante, que es terminar con todas las obras que están en ejecución, como el Complejo Judicial para Quito, que está en construcción y se culminará a finales de este año. También la Unidad Judicial con Unidad de Flagrancia en el sur de Quito y otra en El Empalme; esta última estará lista para abril. Terminaremos también otras obras en las provincias de Bolívar y Napo”.

El 70% de PPL tiene sentencia

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, manifestó que durante 2015 se evacuaron cerca de 100 mil boletas electrónicas de encarcelamiento y excarcelación. Esta información la proporcionó el 11 de enero de 2016, cuando se realizó la primera Mesa de Justicia del año, donde las autoridades evaluaron los avances obtenidos en materia penitenciaria, judicial y de seguridad ciudadana.

Acerca de las caducidades de la prisión preventiva, señaló que en 2015 se registraron 7 casos a diferencia de 2008, cuando hubo más de 2.000. Respecto a las audiencias fallidas, dijo que existe un porcentaje del 4%, el 96% de audiencias convocadas logra realizarse en el primer llamamiento.

Zúñiga se refirió a las audiencias por videoconferencia. “En 2015 se efectuaron más de 6.000 audiencias virtuales con un ahorro al Estado de más de $ 1,6 millones”. También destacó que cerca del 70% de personas privadas de libertad (PPL) cuentan con una sentencia.

“Estas cifras demuestran que el trabajo interinstitucional y las políticas públicas enfocadas en fortalecer la seguridad jurídica y ciudadana aportan a la permanente lucha contra la impunidad”, afirmó Zúñiga. (I)