La próxima semana se cumple un año desde que Carlos Junior Santana Anchundia, alias ‘Tierrita’, condenado a 25 años por asesinato, escapó del Centro de Rehabilitación Social (CRS)Regional Guayas N° 8.

El individuo salió de su celda, en el pabellón de máxima seguridad, escaló una pared, encontró puertas abiertas, trepó losas, atravesó áreas verdes, subió por mallas, llegó a una terraza, pasó por el dormitorio de los agentes de tratamiento penitenciario y por un área en construcción. Se cambió de ropa y trepando paredes llegó a la vía a Daule. Días después fue recapturado.

Por este caso fueron apresados policías, guías y funcionarios del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Ledy Zúñiga,titular de esa cartera de Estado, indicó que durante 2014 hubo al menos 40 casos de procesos judiciales abiertos a personal que trabaja en los recintos penitenciarios.

“Estamos en un proceso de autodepuración, porque muchos forman parte de una red de corrupción y generando una mafia dentro de los centros de privación de libertad. Muchos se han opuesto a estos cambios”, enfatizó.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Ministerio de Justicia, desde el 29 de abril de 2014 a enero de 2015 en el área de Régimen Disciplinario de Agentes de Seguridad se abrieron  653 expedientes administrativos, de los cuales 531 ya recibieron sanción: 315 sanciones escritas, 103 sanciones económicas, 52 terminaciones de  contrato,  48  archivos de la causa y 13 amonestaciones verbales. Los 122 otros hechos están en investigación.

“Las razones son varias como faltar, abandonar la guardia. El tema del sistema penitenciario es tan importante que no puede haber irresponsabilidades. Si un guía nos falta está en riesgo toda la seguridad del centro”, manifestó Zúñiga.

William Aguilar, coordinador de la Unidad de Delitos Flagrantes, indicó que entre los casos por los que más son investigados los guías están la evasión y la extorsión.

El funcionario detalló que el artículo 274 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que  la persona que por acción u omisión permita que un privado de libertad se evada del centro de rehabilitación, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.

Agregó que si la persona que comete el delito es un servidor público, la pena aumenta de 3 a 5 años. Además, el artículo precisa que si la infracción es culposa; es decir, sin intención, la pena será de 6 meses a 1 año de privación de libertad.

Aguilar explicó que los internos también son sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.

Convocatoria para aspirantes

El Ministerio de Justicia tiene previsto iniciar este mes la convocatoria para 700 nuevos aspirantes a guías que se prepararán para tecnólogos en Seguridad Penitenciaria.  En este proceso, al que pueden acceder hombres y mujeres, la selección incluirá pruebas psicotécnicas, sicológicas, físicas, médicas, académicas y por supuesto la aprobación del  Examen Nacional para la Educación Superior (ENES).

La formación será de 3.200 horas divididas en teóricas y lo más importante con un gran porcentaje de práctica en el desempeño diario de las labores que, supervisadas, se realizarán en los Centros de Rehabilitación Social. Además, el Ministerio de Justicia cuenta con el apoyo de la Dirección Nacional de Educación de  la  Policía  Nacional,  de la Escuela de Gendarmería de la República  de  Chile y de la Escuela de Administración Penitenciaria de Francia.

La preparación se realizará en  la infraestructura ‘Tres Cerritos’, en la provincia de El Oro, y concluidas las fases académicas y prácticas, así como las evaluaciones, los estudiantes obtendrán el título de Técnico en Seguridad Penitenciaria.

Quejas ciudadanas

María José Fernández, coordinadora general zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, indicó que durante 2014 se presentaron 32 quejas por parte de los familiares de las personas privadas de la libertad (ppl), en estas adujeron la falta de atención en el ámbito de salud, mala alimentación, discriminación.
La funcionaria mencionó que cuando se reporta una queja se inicia un trámite de investigación defensorial, se notifica a las autoridades de los centros y se realizan visitas periódicas. “En caso de que una persona se sienta afectada por un agente de seguridad penitenciaria, puede venir a la Defensoría del Pueblo (9 de Octubre y Pedro Carbo). No se necesita abogado”, destacó.