La cámara de seguridad enfoca a un hombre que lleva fundas de caramelos en las manos y viste camiseta color mostaza y bermuda de jean. La forma como mira de un lugar a otro llama la atención del operador del ECU-911. Detrás de él, un individuo de camiseta negra mueve sus manos dentro de una funda plástica de la que sacó discos de películas, los cuales asentó sobre la base de madera de un triciclo.

Mientras esto sucede, el ‘caramelero’ se acerca a cuatro estudiantes, dos mujeres y dos hombres, que están apoyados en la baranda metálica de protección ubicada al filo de la vía Perimetral, en el noroeste de Guayaquil.

Son las 12:30. Los adolescentes conversan con el individuo, se ríen y entre ellos se hacen ‘cortina’ para ver lo que el hombre tiene en sus manos. Cuarenta segundos después uno de los estudiantes acercó su nariz a las manos del individuo e inhala una sustancia dos veces y 10 segundos después repite la dosis.

Una de las muchachas observa curiosa a su amiga como esperando una mirada de aprobación para ser la siguiente en inhalar. Ella le responde moviendo su rostro que no, pero no fue suficiente. La menor también consume la sustancia, aspira cuatro veces, al aire libre, a la vista de personas que pasan o bajan de los buses. La joven no para de reír y bromear con sus compañeros.

El siguiente en consumir fue el ‘caramelero’ y posteriormente el otro muchacho se anima. La chica, más decidida, le quita al ‘proveedor’ la sustancia y la consume usando sus propias manos. A las 12:35, el ‘caramelero’ se acerca a un hombre que está tomando sopa afuera de una tienda, coincidentemente es quien antes estuvo moviendo sus manos dentro de la funda. Diecinueve minutos después llegan policías, en un patrullero y tres motos, revisan a los sospechosos y los detienen. Los estudiantes están cerca, pero se quedan charlando.

Identificación de sospechosos

Telmo Erazo, jefe del departamento de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, explicó que cuando existen videos o audios que quedan como evidencia de un delito, la Fiscalía les solicita el análisis de los mismos. “Con el investigador vemos el video para que señale las partes que más le interesa y nosotros plasmamos la secuencia de fotos en un informe. En caso de que el rostro sea claro enviamos la imagen a la sección de registro de identidad humana”.

El oficial explicó que todas las personas que son privadas de la libertad quedan registradas en una base de datos no solo con sus huellas, sino con fotos (rostro desde diferentes ángulos y características esenciales) y su voz. “Entonces podemos cotejarlos con los captados por las cámaras. Pero también podemos hacerlo con sospechosos que no han sido detenidos obteniendo fotos del Registro Civil u otra entidad. No le decimos venga a tomarse la foto porque sería ponerla sobre aviso”.

Erazo enfatizó que la calidad  de la grabación debe ser buena para obtener detalles precisos de las personas y no solo de su modo de operar. “Los dispositivos nuevos nos dan más resultados. En el caso de los antiguos son bastante pobres debido a que los pixeles son escasos y los rostros no se definen. Sin embargo, siempre hay detalles que pueden ayudar como placas de los vehículos”.

David Salazar, jefe de la Sección de Audio y Video de Criminalística, recomendó que a las personas que empleen sistemas de seguridad en negocios o viviendas inviertan en cámaras con mejor resolución.

100 cámaras nuevas

Andrés Sandoval, director general del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, detalló que en Ecuador hay 3.600 cámaras de videovigilancia y están instalando 100 más en seis provincias, Pichincha, Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Esmeraldas. Del primer número, 828 fueron instaladas en los exteriores de establecimientos educativos.

“Estas nos han permitido descubrir modalidades que practican los microtraficantes. En una ocasión logramos ver, afuera de un colegio  de Milagro, a un hombre que estaba preparando droga dentro de un carro. También a personas que se hacen pasar por vendedores para llegar a los estudiantes, tenemos personal especializado que estudia los perfiles de riesgo”.

Las evidencias son enviadas, en menos de 24 horas, a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la plataforma tecnológica del Sistema Automatizado de Entrega de Información a la Función Judicial. “No solo en los casos de microtráfico, sino en cualquiera infracción. Lo proporcionamos así no haya personas detenidas, ni el afectado asiente una denuncia. Las investigaciones pueden iniciar con esa prueba”.

Sandoval precisó que el ECU de Samborondón entregó más de 5.100 videos desde enero de 2016 hasta enero de 2017. Agregó que para que estos videos no se filtren y causen daño a los familiares o perjudiquen a la investigación cada persona que maneja la información debe usar una clave personal. De acuerdo con cifras de la FGE, en los últimos seis meses de 2015 recibieron 26.083 videos y audios recabados a nivel nacional.

César Peña, fiscal de la Unidad de Garantías y Personas del Guayas, enfatizó que los ciudadanos son beneficiados por este convenio de entrega, pues “se puede identificar a los implicados en un delito. Los videos son remitidos inmediatamente solo al fiscal que esté de turno en la Unidad de Flagrancia”.

El funcionario recordó un caso en el que dos motorizados le dispararon a un guardia de seguridad. Las dos personas fueron sentenciadas por tentativa de asesinato. En este caso con las cámaras del ECU-911 y de la Corporación de Seguridad Ciudadana captaron el antes, durante y siguieron el recorrido del escape. “No es necesario que el video sea del hecho, también puede ser de minutos previos para determinar qué personas estaban en el lugar y posteriores para ver la huida. También se visualizan vestimenta y otras características”. Destacó que con la secuencia de imágenes se comprueba la veracidad de las versiones de los testigos. “Todo se une a otras pruebas”. (I)