Hasta el 20 de mayo se registraron juicios no penales en las unidades judiciales a escala nacional. Estos expedientes serán tramitados y resueltos con el Código de Procedimiento Civil anterior. Según el Consejo de la Judicatura, en los archivos y escritorios de los jueces hay 457.343 causas civiles, constitucionales, contencioso administrativo, contencioso tributario, de familia, mujer, niñez y adolescencia, inquilinato y trabajo.

Este número de procesos no fue resuelto por la serie de trámites que se debe cumplir con el sistema escrito y que los abogados, en ciertas ocasiones, se valen para dilatar la causa. Por esta razón quedaron pendientes de resolución.

Solo en el área civil, en el país, quedaron 207.194 casos pendientes. Las provincias con mayor número de procesos en esta materia son Pichincha con 56.454, Guayas 41.677, Azuay 20.493 y Manabí 14.128.

En el campo de la familia, mujer, niñez y adolescencia las cifras de casos sin resolver alcanzan los 176.447. Zamora Chinchipe es la provincia que menos causa registra en esta materia. Guayas y Pichincha aún son las que lideran el grupo con 56.520 y 30.889, respectivamente.

Organización para atender causas

Si los usuarios y juristas pensaban que estos juicios quedaban archivados, no es así. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, explicó que las demandas no penales que se presentaron hasta el 20 de mayo de este año serán sustanciadas y resueltas por un grupo de jueces. Para Jalkh, “todas las causas civiles anteriores tienen que terminarse en un promedio de dos o tres años”.

El vocal de la Judicatura, Néstor Arbito, explicó que ante la cantidad de procesos no penales se organizaron en el sentido de que todas sean atendidas, por ejemplo en materias con mayor demanda, como los casos civiles y laborales.

Cuando se puso en marcha el Código Orgánico General de Procesos (Cogep) se dividió a los jueces del área civil de Quito, 20 se destinaron a atender las demandas ingresadas desde el 23 de mayo, que serán resueltas con el sistema oral; y 22 operadores de justicia se encargarán de evacuar las causas que quedaron por despachar y resolver.

En Guayaquil se efectuó el mismo procedimiento, 21 jueces se encargarán de la causas escritas y 19 de los casos orales con el Cogep. “Estamos fortaleciendo los equipos de jueces que se quedan atendiendo la carga escrita. Nosotros estamos previendo para que en un promedio de dos años evacuemos toda la carga retrasada, porque se tratan de dos instancias y de juicios que ingresaron hasta el 20 de mayo”, dijo Arbito.

Esta decisión no atañe a todas las provincias, “como se entiende en Quito y Guayaquil se concentra el 70% de la carga procesal”, agregó. La idea es atender técnicamente y dentro de los recursos adecuados con los que cuenta la Función Judicial, esa carga de juicios antiguos, expresó el funcionario.

Dora Moriano, jueza provincial de la Sala de lo Civil de Guayas y docente de la Escuela de la Función Judicial, afirmó que aquellos procesos que se iniciaron con la legislación anterior continuarán tramitándose con esas leyes.

A mediados de junio audiencias

Arbito indicó que las primeras audiencias con el sistema de oralidad se convocarán antes de la primera quincena de junio, ya que la demanda fue calificada sin problemas, pero el grupo de diligencia judiciales será en julio. (I)