Édgar V., de 35 años, recuperó en febrero su vehículo Chevrolet, sustraído a mediados de enero de 2015 en Quito.

El auto, luego de ser  recibido por la Policía y ubicado en uno de los centros de acopio, fue devuelto a su dueño original en un tiempo no mayor a 10  días.  

El hombre efectuó el trámite de recuperación de su auto conforme al nuevo sistema automatizado para la  devolución de vehículos de la Fiscalía General del Estado, que lo viene ejecutando como plan piloto desde el 25 de noviembre de 2014 en Quito.

El objetivo es generar un mecanismo que disminuya los tiempos para la recuperación del automotor, a través de una plataforma a la que tienen acceso los funcionarios de  las 5 instituciones que intervienen en este proceso.

El sistema disminuye la espera

Santiago Velasco, coordinador de Gestión de Recursos de la Fiscalía, explicó que las otras entidades que intervienen son la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Servicio de Rentas Internas (SRI), Criminalística y la Policía Nacional.  

“Los funcionarios tienen una clave de acceso para el sistema, que fue diseñado por los ingenieros de la Fiscalía General del Estado”, dijo.

Una de las ventajas de utilizar este programa es la disminución del tiempo para realizar el trámite.

Velasco dijo que antes del plan, un usuario se demoraba hasta 64 días en los trámites, y con el nuevo sistema solo se llega a un promedio de 7 días.  Entre el 25 de noviembre de 2014 hasta el 12 de marzo de 2015, son 42 los vehículos devueltos a sus propietarios.

Cómo es el proceso de recuperación

Cuando un automotor es recuperado por la Policía, es trasladado a los centros de acopio de la Policía en la capital.

En el sitio, la Policía ingresa los datos a la plataforma para generar el oficio con la información que llega al fiscal de Actuaciones Administrativas, en Quito. A este documento se adjuntan el parte policial y la hoja de ingreso.

El fiscal dispone a Criminalística que realice las pericias respectivas al automotor y solicita al SRI el historial de transferencia de dominio con la certificación del último propietario y a la ANT se solicita el historial del automotor, certificados de gravamen y matrícula.

Durante el proceso, el fiscal busca al dueño del vehículo, quien debe justificar que es suyo con facturas  o  contratos.

Posteriormente, el fiscal recibe la información solicitada a las instituciones y analiza que todo esté en regla, para  autorizar la devolución del carro.

Velasco explicó que el principal problema que surge es cuando el último propietario al que le robaron, no registró su contrato de compra/venta en el SRI.

“Es que el SRI brinda la información del último dueño, conforme a su registro, y si el auto fue vendido más de una vez, el perjudicado no saldrá como propietario”, explicó. 

Eso sucede debido a la  informalidad que se da en la comercialización de vehículos,  lo que podría demorar el proceso de devolución.  

Por esa razón recomendó que si alguien compra un carro usado, lo primero que debe hacer es legalizar  el contrato de compra venta en el SRI.  De ese modo, si el auto es robado y recuperado por la Policía, el trámite de devolución se realizará en el menor tiempo posible.   

Otra de las ventajas es que el ciudadano puede revisar en el portal web de la Fiscalía la situación del vehículo cuando se encuentra en los centros de acopio.  

“Si el auto está en el sistema, allí salen todas las diligencias que se han efectuado, y no tiene que deambular por los patios”, dijo.

Las motos y autos que entran en este proceso de devolución son aquellos que no registran problemas como adulteración de las series del motor, accidentes de tránsito o que estén involucrados en delitos.

El servicio no tiene costo

Luis Puertas, fiscal de Actuaciones Administrativas 3 de Pichincha, sostuvo que se trata de socializar el sistema como guía para el ciudadano en este proceso de devolución. Otra de las ventajes es que es un trámite sin costo alguno.

“El usuario no tenía conocimiento. Solo  le  exigimos que nos certifique la propiedad”, acotó.

El fiscal Galo Chiriboga afirmó que el programa actualmente funciona muy bien en Quito. “Nos hemos reunido con el resto de fiscales provinciales para la posibilidad de extenderlo. Se prevé que la próxima provincia en usarlo sea Guayas”. (I)