La Fiscalía de Colombia acusó de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico a un hombre que, presuntamente, hizo de intermediario en la comercialización de un anticonceptivo falso, lo que trajo como consecuencia que 40 mujeres quedaran embarazadas.

Las afectadas eran parte de una campaña gubernamental que estaba dirigida a mujeres vulnerables y de escasos recursos.

En la investigación, la Fiscalía encontró que el acusado, Fernando Sanabria Rincón, hacía parte de una red con tentáculos en varias ciudades del país que compra productos médicos en el mercado negro para comercializarlos. Posteriormente, desde Bucaramanga (Santander), los venden a contratistas, quienes a su vez los comercializan en clínicas, hospitales o droguerías.

La entidad judicial dictó cargos por corrupción contra Sanabria Rincón, como el principal responsable del embarazo de 40 mujeres,  en hechos ocurridos en 2008, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

Según un comunicado de la Fiscalía, el Hospital Jaime Alvarado & Castilla “suministró cerca de mil ampollas del anticonceptivo Nofertyl a cientos de mujeres vulnerables que hacían parte de la campaña gubernamental a favor de la población femenina de escasos recursos de esa región”.

Al no surtir el efecto deseado, 40 mujeres denunciaron las irregularidades, por lo que la casa fabricante los retiró del mercado y procedió al análisis, que concluyó que los medicamentos eran falsificados.

Por este mismo caso ya fue condenado a 39 meses de prisión Henry Castillo Díaz, quien fue señalado como el encargado de distribuir productos falsificados. En consecuencia, la Fiscalía colombiana le imputó adicionalmente el delito de usurpación de derechos de propiedad intelectual de variedades vegetales.

El artículo 372 del Código Penal colombiano establece el delito de “corrupción de alimentos, productos médicos  o material profiláctico” y señala para este una sanción   de dos (2) a ocho (8) años de  prisión.

Pero el problema no se queda solo en la demanda, pues una de las afectadas dijo que fueron muchos los compromisos que funcionarios de todo tipo asumieron después de que las madres acudieron en la capital araucana al programa de salud  para aplicarse el método anticonceptivo.

Las afectadas crearon la Asociación de Mujeres Víctimas de la Falsificación de Medicamentos (Asmavifami), con la que demandaron a la ESE municipal “Jaime Alvarado & Castilla”, donde se llevaba adelante el plan. El 6 de agosto próximo se iniciará un proceso judicial en el Juzgado Administrativo de Arauca, con las declaraciones de los testigos y afectadas que buscan una nueva demanda.

Mariana del Carmen Ramírez, secretaria de Salud del Municipio de Arauca, indicó que desde que asumió el cargo, el año anterior, ninguna mujer o agremiación ha solicitado ningún tipo de ayuda.

“Pese al problema, yo pienso que ellas (las mujeres que resultaron embarazadas) han sido favorecidas con los proyectos que van encaminados para la comunidad, sin ser específicamente para ellas”, afirmó.

Ramírez aclaró que la ESE municipal, entidad que aplicó los medicamentos, es una institución totalmente independiente, vigilada por la Unidad Administrativa Especial de Salud en los tema de inspección, vigilancia y control, dado que el Municipio no tiene la competencia en este control.

Leyder Daza, gerente de la ESE municipal,  desconoce sobre la asociación que reúne a las mujeres afectadas. “No tengo conocimiento de si se les brindó atención y ayuda, ya que eso fue hace  varios años. En este momento nosotros no estamos brindando una atención especial. Todas las madres del sector tienen acceso en el Sistema General de Seguridad Social en Salud por igual”, dijo.